Los ediles Adolfo Varela, del Partido Nacional, y Fermín de los Santos del Frente Amplio, explicaron a FM Gente sus opiniones sobre un proyecto para facilitar la regularización de obras en viviendas del departamento, ejecutadas sin permiso de construcción al 31 de diciembre de 2014. Más allá de las salvedades que marcó la Alianza Progresista durante el debate, el proyecto fue aprobado por unanimidad y se elevó al Ejecutivo para promulgar el decreto correspondiente que tendrá un plazo de 18 meses para ampararse a sus beneficios.
De los Santos advirtió que su sector, Alianza Progresista, marcaría diferencias, fundamentalmente en el proceso de discusión del proyecto y su tratamiento en comisión.
“No olvidemos que esto fue un proyecto que presentó el edil (Javier) Sena, fue quién lo presentó a la segunda o tercera sesión de este nuevo período, y bueno, lo increíble de todo esto es cómo se fue fortaleciendo”, admitió.
Varela, por separado, afinó que “es un plan que viene ya presentado desde octubre del año pasado en la Junta Departamental, que estuvo bastantes meses en la comisión de Obras en estudio y luego pasó a la comisión de Legislación, con algunas modificaciones”. El nacionalista también dijo que en esa comisión se terminó de aprobar, "incluyendo algunas propuesta hecha por el Frente Amplio”.
DISTINTO
El edil blanco explicó que “es un plan distinto del que existió en el período anterior, que había generado el Frente Amplio, porque es un plan posible” y agregó que eso asegura que tenga éxito entre la población a la que está destinado.
“En el período anterior existió un decreto que era tan burocrático y tan apegado al control estatal, que lo que generó fue la desmotivación de la persona que había construido sin tener una habilitación”, repasó.
Señaló que “con esto lo que buscamos es, primero, que se incorpore más gente, que el que pueda incorporarse pueda hacerlo mediante la firma de un técnico, que no haya que hacer todo un trámite en la intendencia, se va a agilizar en eso, no le vamos a exigir los permisos del BPS o los contratos que el decreto anterior exigía”.
“Ahora lo que hacemos es que lo del BPS es responsabilidad del BPS, la intendencia lo que necesita es incorporar gente al sistema” como aportantes, blanqueó.
Interpretó que “de esta forma lo que hacemos es facilitarle y evitar lo que pasó antes, o por lo menos tratar de que no pase eso de que la gente no se acogió a ese plan; el anterior tenía hasta arquitecto de oficio, y no funcionó, fracasó en Maldonado”.
“Ahora estamos haciendo algo posible que es necesario, primero porque tenemos mucha construcción en todo el departamento que a lo largo de los años no ha sido regularizada”, señaló.
Indicó que el proyecto actual también se impulsó “por una cuestión de financiamiento económico de la intendencia, que cuanto más regularicen más va a ingresar al sistema de pagos de la intendencia, y con esto la gente va a poder hacer el trámite más ágil, y va a poder incorporarse y tener su construcción en regla”.
“Esto abarca a todo el espectro, es muy abarcativo, y nosotros creemos que va a funcionar a diferencia del anterior”, completó Varela su defensa del proyecto nuevo.
LA OTRA MIRADA
De los Santos sentó su discrepancia con el proyecto, pero admitió que lo votó por disciplina partidaria: “El Ejecutivo lo tomó, lo fue acomodando y nosotros en la comisión de Obras tuvimos la visita de técnicos y tuvimos la visita de la arquitecta Soledad Laguarda” y recordó que de igual forma se recibió a la Asociación de Arquitectos.
Asimismo, aseveró que, a su entender, el proyecto es una cosa bastante mamarrachesca”. Respaldó su calificación señalando que “no se puede tener una reglamentación para regularizar obras que fueron construidas de manera no reglamentaria en la costa donde el metro cuadrado de tierra puede valer 150 dólares, 80 dólares, 100 dólares, a lo mismo que un vecino de Maldonado Nuevo, un vecino de San Antonio o un vecino de Cerro Pelado, que tiene otra realidad económica”.
“No podemos estar ausentes de eso, entonces, no se puede dar un perdona tutti y meterlos a todos en la misma bolsa, que todos regularicen”, prosiguió.
Aseguró que “unos van a regularizar una pieza que hicieron con mano de obra inclusive de ellos mismos, para poder tener mejor comodidad porque tuvieron un buen período de trabajo, a un vecino que de pronto lo que hizo fue ponerse una barbacoa o agrandar la casa con un confort determinado”.
“Y no es que esté en contra de eso, lo que estoy diciendo es que se los puede tratar de la misma manera”, aclaró.
Advirtió que “este proyecto está ignorando el BPS, está dando un final de obra pero van a poner abajo (una advertencia de) que hay que arreglar con el BPS, con el BPS no arreglamos, damos el final de obra de la intendencia, pero con el BPS no lo estamos solucionando”.
“Esto quiere decir que mañana, cuando quiera vender tiene que ir al BPS, mañana cuando se quiera ir a pedir un préstamo, pedir una hipoteca, todo tiene que pasar por el BPS a solucionar, porque con el final de obra se otorgó la potestad para disponer de ese bien, y en realidad no la tiene”, opinó.
De los Santos explicó por qué votó el proyecto a pesar de las diferencias. “Lo que tenemos es una disciplina partidaria y un respeto por las mayorías dentro de las bancadas y allí cada compañero se manifiesta y se van juntando fuerzas, que si uno está en desacuerdo lo que tiene que hacer es acatar, pero no quiere decir que esté en acuerdo”.
LA REGULARIZACION APROBADA
El decreto establece un plazo de 18 meses a partir de la vigencia de la entrada en vigencia para regularizar las obras ejecutadas sin permiso de construcción en el Departamento de Maldonado, hasta el 31 de diciembre de 2014.
Los apartamientos que estas obras presenten a las normas que regulan la construcción en el ámbito departamental, serán analizados por los servicios técnicos, de acuerdo a los criterios básicos que se establecen en el presente Decreto y pasarán a la Junta Departamental en caso de corresponder por razones de juricidad.
En el siguiente link acceda al texto completo del decreto aprobado por la Junta: