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El edil del Partido Nacional, Juan Valdez, aseguró en la sesión de la Junta correspondiente a la tarde-noche del martes que en el área de la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Maldonado se han verificado despidos que consideró injustificados. Valdez, además de su valoración sobre la justicia de los despidos, advirtió que por la forma como fueron decretados podrían costarle a la comuna, es decir, al erario público, un costo de más de 15 millones de pesos. Explicó que ya en algunos casos se optó por alcanzar acuerdos con algunos de los trabajadores afectados, para intentar bajar los montos de sus demandas por los despidos.

El edil del Partido Colorado, Eduardo Elinger, formuló un pedido de informes a la Intendencia de Maldonado para que informe sobre la nómina de funcionarios contratados para ocupar cargos de particular confianza que, por razones de servicio, incumplen con los horarios que se les ha establecido. También solicitó que se informe la situación de aquellos que han sido trasladados en funciones a otras reparticiones, y el contralor del tope de horas de personal de confianza contratado para desempeñar ambas funciones, la original y la que motivó su pase en comisión.
Valdez afirmó que los despedidos son personas con formación laboral calificada, como capataces, arquitectos, psicólogos, sociólogos, que estaban trabajando dentro de la estructura de la Dirección de Vivienda de la Intendencia. “Solamente un sanitario que es sacado de su trabajo, que previamente lo suspenden porque (se afirma que) no había materiales (para trabajar, pero) cuando vuelve a haber materiales no le avisan que tiene que reintegrarse, el hombre no se reintegra, y lo terminan echando”, contó el edil nacionalista.

Agregó que este caso “le costó a la administración (comunal) 360.000 pesos por despido incorrecto”. “Tenemos dos capataces, uno de Pan de Azúcar y otro de Cerro Pelado, a los cuales les pagaron por fuera, no fueron a juicio, 200.000 pesos a cada uno, y eran gente del Frente Amplio”, dijo Valdez. Añadió que “la Dirección de Vivienda los manosea, los pisotea (a sus funcionarios), y los corre como gente que no tiene derechos”, y que “ahora la Justicia le va a hacer pagar a este gobierno, desgraciadamente al pueblo de Maldonado, la friolera de 15 millones de pesos”, unos 770.000 dólares, de acuerdo al volumen y entidad de los despidos decretados.