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El fallo judicial llegó casi ocho años después del escándalo generado por presuntas irregularidades de la administración Antía en acuerdo con empresarios hoteleros del departamento, para el alojamiento de personalidades extranjeras que llegaban a diferentes eventos en Punta del Este.

La administración de Óscar de los Santos sostenía que había irregularidades en la factuación y no asumió la deuda, pero Royalmar inició una acción judicial para el cobro y la justicia le dio la razón.

Eso obligó al Ejecutivo Departamental a pedir anuencia a la Junta para saldar esa deuda pendiente, mediante un acuerdo judicial que permitirá compensarla con deudas por habilitación de Higiene que, a su vez, mantenía Royalmar con la comuna. La anuencia a la Junta fue solicitada hace dos años pero recién fue aprobada esta semana.

El edil Alejandro Lussich, coordinador de la bancada del Partido Nacional, aprovechó la instancia para limpiar la imagen de los jerarcas correligionarios, cuestionados en aquella época por el Frente Amplio.

“Cuando ganó De los Santos por primera vez hubo una campaña de acusaciones y difamaciones, sobre funcionarios de la anterior administración y empresarios propietarios de hoteles, de que se habían truchado facturas por servicios que nunca se habían utilizado”, recordó Lussich. “Se mostraban facturas de hoteles donde se decia que ahí no se había alojado nadie”, acotó.

“Ahora los mismos jerarcas que denunciaban son los que agachan la cabeza y piden anuencia a la Junta para llegar a un acuerdo judicial. Queríamos señalar ese hecho para que no quedara en el olvido, en medio de la maraña de acusaciones a jerarcas. Nunca probaron nada”.

Lussich lamentó que se haya afectado “el buen nombre de los funcionarios y de los empresarios que intervenían, gente que impulsa el turismo, cuestionada por el solo hecho de tener un punto a favor en la campaña electoral”.

MONTOS Y ACUERDOS

Las acciones promovidas por Royalmar Solanas se sustancian en el juzgado civil de 5º turno por el cobro de servicios de hotelería prestados a la Intendencia por un total de U$S 71.260 y $ 21.750, intereses e ilíquidos.

Pero, a su vez, la Intendencia reclama a Royalmar una deuda tributaria por concepto de tasa de habilitación higiénica correspondiente al período 2001 a 2008 por la suma de $ 369.444, lo cual fue controvertido oportunamente por la referida sociedad.

Ahora existe un principio de acuerdo para poner fin al litigio, por el cual la Intendencia Departamental de Maldonado pagará a Royalmar Solanas U$S 60.571 y $ 18.487 por concepto del juicio, en tanto esta última pagará la suma de $ 369.444 por concepto de pago total de tasa de habilitación higiénica período 2001-2008 inclusive.

“Las sumas antes referidas se podrán compensar hasta el valor concurrente, expidiendo la Intendencia Departamental de Maldonado certificados de crédito fiscal por el excedente”, señala la resolución de la comuna enviada al legislativo departamental.
mr