El centro del caso gira alrededor de si la muerte de Aguiar fue legítima defensa, como sostienen los abogados de Camejo, o si a la mujer le caben responsabilidades penales por los disparos que ocasionaron la muerte.
La familia de Camejo ha sostenido, desde el incidente, que Aguiar era responsable de un proceso de violencia hacia ella que había comenzado tiempo antes de la fatal noche en la que el empresario llegó hasta el doicilio de su expareja.
En febrero, cuando la fiscalía solicitó las medidas limitativas, previstas en el artículo 222 del CPP, Camejo fijó domicilio en Montevideo y, producto de éstas, no puede abandonar el país, está sometida a controles y se retuvieron sus documentos de viaje.
Tras la instancia penal de esta tarde rige el nuevo plazo de las limitativas mientras avanza la investigación, se aguarda el resultado de las pericias y la fiscalía deberá definir si la formaliza o no.