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Recientemente el Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo del juez penal de Maldonado de 4º turno, Sebastián Amor, que desestimó una solicitud de diligencia anticipada presentada por los familiares del recluso asesinado en la cárcel de Las Rosas, según informó Diario Correo de Punta del Este.

Esta solicitud había sido formulada para asegurar las declaraciones de dos testigos presenciales del homicidio ocurrido el 25 de enero de 2023 en la Unidad N° 13 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El abogado defensor de la familia de la víctima había interpuesto un recurso de apelación argumentando que la resolución del juez no cumplía con los estándares de motivación requeridos por las normativas vigentes.

La defensa criticó duramente la decisión, argumentando que contraviene el artículo 197 del Código General del Proceso y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, lo que afectaría las garantías del debido proceso. Según el abogado, la resolución del juez fue "pobre, flaca, deficiente e ineficaz".

La solicitud de diligencia anticipada se fundamentó en el artículo 213, literal b) del Código del Proceso Penal, en lugar de los procedimientos previstos en el artículo 260 CPP, que regula las medidas investigativas.

La defensa argumentó que, dado que los testigos en cuestión habían estado previamente privados de libertad y habían recuperado su libertad, existía un riesgo real de que no pudieran ser localizados en el futuro. La preocupación central era que los testigos podrían mudarse, perder contacto o incluso salir del país, lo que haría difícil obtener sus declaraciones en el futuro.

La solicitud de la defensa subrayó que el interés de la Fiscalía en asegurar estas declaraciones había sido insuficiente. Se alegó que el desinterés de la misma podría comprometer el esclarecimiento de los hechos, dado que las declaraciones de estos testigos directos eran consideradas cruciales para la investigación. El abogado de la familia presentó ejemplos de otros casos en los que testimonios similares habían sido determinantes para el avance de las investigaciones.

La Fiscalía, que está llevando adelante la investigación del homicidio, no había manifestado una postura favorable hacia la recolección anticipada de las pruebas solicitadas, lo que - según la defensa- demuestra una falta de diligencia en el proceso. La desestimación de la solicitud ha generado preocupación entre los familiares de la víctima, quienes temen que la falta de pruebas anticipadas pueda obstaculizar la resolución del caso.

El Tribunal de Apelaciones ha mantenido la decisión del juez Amor. La investigación continúa en curso bajo la supervisión de la Fiscalía.