Alicia Martínez, vocera de la organización Crysol, recordó en FM Gente que las denuncias fueron presentadas en octubre de 2011 ante la posibilidad de que los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura prescribieran. Entonces se presentaron unas 15 denuncias que implican a decenas de víctimas y testigos de las torturas que sufrieron los prisioneros “políticos o de conciencia” alojados en el batallón de Ingenieros Nº4 de Laguna del Sauce.
Martínez explicó que hay 60 testigos citados para el miércoles 6 de agosto y no descartó que la jueza del caso haya citado, de oficio, a otras personas vinculadas a aquellos actos. “Esto es un tema que tiene que ver con la memoria histórica colectiva, la investigación es un debe de nuestra sociedad y por suerte la sede está investigando”, consideró.
Por ese motivo, las organizaciones están convocando a una vigilia que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del 6 de agosto frente a las puertas del juzgado. Se pretende que la ciudadanía acompañe a los testigos que “tuvieron la valentía de romper con los dolores que implica hacer una denuncia por delitos que transcurrieron hace tanto tiempo pero que están tan vigentes dentro de cada uno. Hay cosas que no se olvidan de lo que a uno le pasó”.
Martínez enfatizó que, en la actualidad, decenas de ciudadanos del departamento deben compartir espacios con quienes les torturaron. “Para quienes se cruzan a diario con quienes fueron sus torturadores es muy difícil seguir viviendo y no tener adentro dolores muy gruesos. Hacer que la justicia actúe, dar nuestro testimonio ante la Justicia, es dar nuestro granito de arena para una democracia más sólida”, remarcó.
La activista declinó dar nombres sobre los testigos citados o sobre la investigación en curso. No obstante, dijo que entre los convocados para el 6 de agosto “hay personas que cumplen responsabilidades legislativas y ejecutivas”. Estimó que la jueza pretende corroborar “una parte de la investigación” y que no apunta a casos concretos sino a que “todos los prisioneros políticos o presos de conciencia que pasaron por el cuartel pasaron por torturas en mayor o menor grado”.
Martínez explicó que hay 60 testigos citados para el miércoles 6 de agosto y no descartó que la jueza del caso haya citado, de oficio, a otras personas vinculadas a aquellos actos. “Esto es un tema que tiene que ver con la memoria histórica colectiva, la investigación es un debe de nuestra sociedad y por suerte la sede está investigando”, consideró.
Por ese motivo, las organizaciones están convocando a una vigilia que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del 6 de agosto frente a las puertas del juzgado. Se pretende que la ciudadanía acompañe a los testigos que “tuvieron la valentía de romper con los dolores que implica hacer una denuncia por delitos que transcurrieron hace tanto tiempo pero que están tan vigentes dentro de cada uno. Hay cosas que no se olvidan de lo que a uno le pasó”.
Martínez enfatizó que, en la actualidad, decenas de ciudadanos del departamento deben compartir espacios con quienes les torturaron. “Para quienes se cruzan a diario con quienes fueron sus torturadores es muy difícil seguir viviendo y no tener adentro dolores muy gruesos. Hacer que la justicia actúe, dar nuestro testimonio ante la Justicia, es dar nuestro granito de arena para una democracia más sólida”, remarcó.
La activista declinó dar nombres sobre los testigos citados o sobre la investigación en curso. No obstante, dijo que entre los convocados para el 6 de agosto “hay personas que cumplen responsabilidades legislativas y ejecutivas”. Estimó que la jueza pretende corroborar “una parte de la investigación” y que no apunta a casos concretos sino a que “todos los prisioneros políticos o presos de conciencia que pasaron por el cuartel pasaron por torturas en mayor o menor grado”.
