La familia de la victima junto a organizaciones sociales pretenden llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que sostienen que existieron omisiones en la investigación del caso.
En el semanario Brecha se detalla que el Ministerio del Interior en 2003 creó un departamento de registro y búsqueda de personas que viajaron a Treinta y Tres y se entrevistaron con amigos, familiares y conocidos de Silvia. De esa manera consiguieron un acercamiento al perfil de Silvia y quedó descartado el suicidio o el asesinato, quedando con más posibilidades de que la razón de su desaparición haya sido por una red de explotación sexual.