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Garcé, quien viaja semanalmente a Maldonado en su calidad de docente, ratificó en FM Gente su conocimiento de la realidad departamental en materia de seguridad y sostuvo que el gobierno debe contemplarla de acuerdo a sus especificidades. “Maldonado es zona turística donde la seguridad es derecho de las personas pero también una condición para el desarrollo de la actividad económica. Por otro lado, Maldonado, Punta del Este y San Carlos constituyen una zona metropolitana que tiene particularidades en temporada y fuera de ésta”, observó.

En ese contexto, Garcé detecta “una clara la necesidad de priorizar a la Jefatura primero en las personas, con un equipo dinámico, con ganas de trabajar y que tenga clara la importancia estratégica del departamento y el clamor de su gente por la seguridad. Para enfrentar con éxito al crimen organizado tiene que tener respaldo especial”.

Sostuvo, además, en Maldonado “se requiere esa conexión entre policías y operadores de justicia”, pero también advirtió que la población debe colaborar cuando la policía en materia preventiva.
Rechazó abrir juicios sobre la situación actual o adelantar nombres de eventuales jerarcas de una administración nacionalista. Se limitó a señalar que lo importante es saber que hay personas “con muchas ganas de trabajar” en el departamento y perfiles definidos.

DEBATE Y PROPUESTAS

Por otra parte, el ex comisionado opinó que Bonomi “está en su derecho” de elegir si quiere debatir con él o no. Admitió que tuvieron “una correcta relación institucional como contrapartes en momentos difíciles” como los incidentes en la cárcel de Rocha y Comcar, pero entiende que existen diferencias en varios temas.

Por ejemplo, en cuanto a los datos de densidad carcelaria y de reincidencia de los reclusos. Para el gobierno la relación entre plazas y personas es de 106% mientras que Garcé la ubica por encima del 125%; en tanto, la tasa de reincidencia manejada por el gobierno es de 52% pero los informes del ex comisionado la establecen por encima del 60%.

Garcé opina que las encuestas de “victimización” constituyen un “elemento fundamental” para determinar la real situación desde el punto de vista de la seguridad, que deberían ser tenidas en cuenta por un gobierno además de los índices de delitos denunciados. “Son estudios a los que Naciones unidas recomienda dar importancia y no estamos especulando. Hay que asumir que la respuesta estatal frente al delito es insuficiente porque hay estadísticas que lo demuestran”, comentó.

Luego afirmó que de cada cien delitos denunciados, se termina con siete procesados, lo cual evidencia que se requiere mayor efectividad. En este sentido, Garcé opinó que Lacalle Pou ha sido “muy medido en las promesas y expectativas” y sostuvo que los cambios que propone en materia de seguridad son posibles.

“Estamos convencidos de que es posible cambiar, se requiere que esa decisión sea tomada al más alto nivel. Si las decisiones se toman y se mantienen los resultados llegan cuando se apuesta al funcionario policial y la tecnología de apoyo”, enfatizó.

Agregó que la Policía necesita “tranquilidad, respaldo y confianza para actuar hasta el límite máximo que la ley y la Constitución permite” y “una cadena de mando con órdenes claras por las jerarquías” y transmitidas en la cadena de mando y cumplidas con obediencia por el personal subalterno.

“Planteamos la necesidad de un espíritu de cuerpo en la Policía, que es esencial para tener cambios en materia de seguridad”, puntualizó. La inversión en tecnología es otro pilar de la propuesta: Garcé entiende que el presupuesto histórico de 800 millones de dólares no se refleja en los resultados. “Hay un aumento constante en rapiñas, en la distribución de drogas en los barrios, y un problema de falta de aplicación de la ley”, precisó.

(foto: La República)