Existe malestar entre operadores judiciales de Maldonado, tras conocerse la intención del juez penal Federico Álvarez Petraglia de que se investigue a las sedes de los jueces Gabriel Ohanian y Adriana Graziuso, por la filtración de la identidad de una colaboradora encubierta en un caso de narcolavado.
Se trata de una mujer procesada por “apropiación indebida” al quedarse con dinero de dos turistas extranjeros que alquilaron apartamentos en Punta del Este, cuyo testimonio incidió para procesar a varias personas –entre ellas el abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro- en un caso de narcolavado.
Según consigna este jueves el semanario Búsqueda, Álvarez Petraglia se molestó porque la filtración “desprotegió” a la testigo y se buscó “desacreditarla” ante la opinión pública. El juez dijo que le preocupa que estas situaciones pongan en cuestión la figura del “colaborador”, un instituto valioso para combatir el crimen organizado.
“Existieron filtraciones a la prensa que pusieron en peligro la vida de una colaboradora y de su familia. Tengo dudas de si no se buscó intimidar a la testigo y por eso voy a poner en conocimiento de los hechos al juzgado del crimen organizado”, dijo el juez, que hasta hace unos meses se desempeñaba en Maldonado.
Álvarez Petraglia aseguró que los operadores judiciales, del Ministerio Público, de la Secretaría Antilavados, de la Junta de Drogas y el Ministerio del Interior no cumplieron con su deber jurídico de proteger a la testigo.
Fuentes judiciales consultadas por FM Gente no ocultaron su malestar por este hecho.