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Marcos Carámbula presentó un completo documento que contiene 18 pautas, y que fue atentamente analizado por diversas autoridades presentes en el evento, como el propio jefe de Policía de Maldonado, Eduardo Martínez; la ex jefa de Policía, doctora Graciela López; el intendente de los Santos y otros miembros del gabinete municipal, así como otros altos dirigentes y miembros del gobierno nacional que acompañaron al pre candidato.
El documento no solo hace un análisis profundo de la situación del tema seguridad, sino que propone soluciones para los grandes problemas en la materia, a mediano y largo plazo, con hincapié en que debe ser una tarea de todos los uruguayos.
Señaló que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, aunque reconoció que la demanda ha sido insatisfecha, pero asumió el compromiso del FA de seguir avanzando porque se trata de un tema que tiene un lugar prioritario en la agenda.
El proyecto de Carámbula se sustenta sobre una serie de ideas rectoras que apuntan a atender la demanda cotidiana de mayor seguridad ciudadana, contemplando los derechos de todos los uruguayos; porque “no se trata de una mercancía” solo al alcance de los más poderosos, y porque es la forma de profundizar la democracia uruguaya, y contemplar todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. “La seguridad y la solidaridad democrática, no avanzan solo con más escuelas y liceos, pero tampoco con el incremento de policías y de personas encarceladas”, señala. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, “será la herramienta para implementar una política pública sobre esta materia”, por lo cual es necesario un abordaje integral con acciones preventivas que abarquen aspectos sociales y educativos entre otros, tanto en el plan público como en el privado a nivel departamental y nacional, incluyendo planes de descentralización mediante la participación de los gobiernos municipales y otras autoridades departamentales.

LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES
El documento contiene 18 puntos que no solo ofrecen un diagnóstico de la situación actual -con casi ningún extremo crítico-, sino herramientas convincentes para a mediano y largo plazo no solo mejorar la calidad de vida de los uruguayos en materia de seguridad, sino preservar los derechos de todos apuntando a una humanización de quienes caen en las garras del delito, como mecanismo para lograr su reinserción.
Entre otras cosas, prevé la conformación de un Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana y Convivencia dentro de una ley marco, cuyo cometido será colaborar en el diseño de la política pública en la materia; estará integrado por representantes técnicos de todos los partidos políticos.
Habrá prioridad absoluta en el otorgamiento de recursos presupuestales para el ministerio del Interior por el término de 2 años, incluyendo un plan de recuperación salarial de los integrantes de la institución policial, además de más y mejor capacitación para los policías dedicados a prevenir el delito. Uruguay cuenta en este momento con una de las tasas de policía por habitante más altas del mundo, con 545 cada 100.000 habitantes.
Además apunta a continuar recomponiendo “la confianza” entre la policía y la sociedad, ya que en ningún caso las Fuerzas Armadas (el Ejército) “pueden cumplir funciones de seguridad interna”.
Continuar con el proceso de fortalecimiento institucional de la Policía, modernizándola y apuntando a la profesionalización del personal (se aumentarán las exigencias para ingresar a sus cuadros buscando mejor formación en prevención del delito), mejorando sus condiciones de trabajo y dignificando sus tareas como “servidores públicos”. En este marco, se establece la reducción gradual de las horas que los efectivos cumplen por el Servicio 222, hasta su eliminación total, cuando se logre alcanzar la compensación salarial correspondiente. Además recalca que serán reconocidos los derechos gremiales de los policías, aspecto sobre el que hubo un avance con el actual gobierno, pero generando mejores condiciones de negociación y diálogo y respetando las disposiciones que rigen a nivel internacional.
En cuanto a los ciudadanos privados de su libertad, hace hincapié en que la reclusión no debe funcionar como “universidad del crimen y perfeccionamiento de las redes de marginalidad”, buscando un sistema carcelario que dependa en el más breve plazo, de un Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado, y creando además 5 nuevos establecimientos penitenciarios para adultos hombres, distribuidos territorialmente en el país según la densidad poblacional. No descarta incluso, posibles formas de asociación del sector público con el privado, “con la única condición de que es el Estado, único responsable de la ejecución de las medidas de privación de libertad y por ende de la situación de las personas sometidas a las mismas”.
Se prevé también una respuesta discriminada y racional ante los diferentes tipos de delitos y delincuentes, procurando dar oportunidades a los primarios no violentos, limitación al máximo de las salidas transitorias, excarcelaciones y salidas anticipadas a los reincidentes. En este sentido compromete el apoyo de todas las organizaciones públicas y privadas para que aporten recursos de manera de brindar oportunidades a quienes cometen delitos que no sean graves; pero al mismo tiempo, incluyendo en forma obligatoria, la inserción en programas de ingreso al mercado laboral con capacitación y formación educativa.

LOS MENORES NO SON INIMPUTABLES
También el documento hace referencia al delito cometido por menores de edad, área en la que apunta a modernizar el sistema de responsabilidad penal juvenil, dejando al margen, “la absoluta desprolijidad e improvisación con que varios actores políticos se están refiriendo al tema”. Carámbula subrayó que “es absolutamente falso que las personas menores de 18 años sean inimputables en el Uruguay de hoy; el concepto de inimputabilidad quedó detenido en 1934 cuando se aprobó el Código viejo del Niño; hoy la legislación nacional establece que los menores de 18 años tienen un régimen de derechos y obligaciones”, ya que, “si un menor viola los derechos de terceros es responsable penalmente dentro de un sistema penal especial que implica las penas de privación de libertad extensas, teniendo en cuenta la edad de las personas involucradas en el proceso”. Reconoció empero que el actual sistema aún debe ser mejorado en múltiples aspectos.
Asimismo, reclama una atención especializada para atender el consumo de drogas como la pasta base, que reproducen los ciclos delictivos e incrementan la violencia.
El penúltimo punto del documento, hace referencia a la consolidación del proceso de modernización del ministerio del Interior iniciado en marzo de 2005, y finalmente el compromiso de seguir avanzando en la gestión “local” de la seguridad ciudadana, fortaleciendo ámbitos con un fuerte respaldo de los gobiernos municipales. En tal sentido, Carámbula resaltó el caso de Maldonado, donde se vuelcan recursos para apoyar a la policía, en el orden de casi un millón de dólares, tanto en alta como en baja temporada.
“La propuesta programática para un Uruguay democrático 2010-2014, nos obliga a pensar un Estado que priorice las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, a través de una estrategia nacional de seguridad, con coherencia global, planes y programas específicos con metas, así como el sistema participativo en el monitoreo y evaluación, como medios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales”, concluye.
Redactado: R.A.