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El ex intendente Enrique Antía, senador nacionalista y candidato al municipio de Maldonado, salió al cruce este lunes de uno de sus principales contrincantes: el intendente frenteamplista Óscar de los Santos, quien el viernes pasado dio en Brecha una opinión contraria a esta medida judicial de Graziuso. Otro de los candidatos frenteamplistas al municipio, Darío Perez, coincidió este lunes en FM Gente con la opinión del presidente electo José Mujica y su futuro ministro de Presidencia, Eduardo Bonomi, quienes la semana pasada se manifestaron a favor de la medida como forma de proteger al turismo. De todas formas, Pérez enfatizó que según sus averiguaciones, se trata de casos puntuales y no de una medida generalizada.

Antía, en cambio, optó por comparar la actitud de De los Santos con la gestión de los ministros del Interior de esta administración de izquierda, antes de acusarlo de “sordo, soberbio e improvisado”.

“Esto que hace el intendente de los Santos y el Frente Amplio con la seguridad pública ya lo conocemos de antes. Primero las decisiones del Ministro Díaz de liberar a los presos, la inacción de Daysi Tournée y la defensa del intendente de la entonces Jefa de Policía, todo esto por encima de los derechos del resto de los ciudadanos. Ahora que la jueza Graziuso, amparada por la ley y en pleno uso de sus facultades jurídicas, la aplica, descubrimos la otra cara del intendente. No se puede actuar con esa irresponsabilidad defendiendo un discurso cuando en realidad debe defender su departamento. Me pregunto si realmente quiere a Maldonado, pues sus acciones van en contra de eso, y hasta parece que estuviera por encima de la Ley”, sostuvo el senador Antía, en un comunicado difundido este lunes por su agrupación.

Agregó que confía “plenamente en que la Policía Nacional, institución en la que la sociedad deposita la vital tarea del mantenimiento del orden y la seguridad pública tiene toda la capacidad para actuar conforme a derecho sin avasallar los derechos de los ciudadanos de bien, pero al mismo tiempo cumplir con la normativa vigente y proteger el supremo interés de Maldonado de mantener los más altos niveles de seguridad que es uno de los valores principales de nuestro departamento para la industria turística”.

Acto seguido Antía recordó que Eduardo Bonomi, futuro ministro de Presidencia en la administración de José Mujica, ya destacó “el ejemplo” de Maldonado al aplicar esta medida, y que también el presidente electo dijo estar de acuerdo con la medida judicial para defender al turismo. En su racconto el senador incluyó, asimismo, a las organizaciones empresariales de Punta del Este que el jueves 7 manifestaron públicamente su apoyo a la magistrada.

“La ciudadanía respalda la acción de Graziuso y al señor De los Santos nada de esto le importa. Lamentablemente, otra muestra de sordera, soberbia e improvisación, y eso es lo verdaderamente preocupante, porque acá no se puede improvisar. El mundo, los inversores, los turistas, todos lo que generan recursos para nuestra gente, nos están mirando, y es muy serio que se juegue con uno de los atributos más importantes que tiene Uruguay, y en especial Punta del Este. Con la seguridad de Maldonado no se juega, y el Intendente De los Santos debería entenderlo así”, concluyó el candidato blanco.

DE LOS SANTOS: NO SE PUEDE GENERAR “UN DEPARTAMENTO 20” DE EXPULSADOS

De los Santos dijo el viernes 8 en Brecha que si bien está de acuerdo con aplicar la ley para proteger a los turistas de los “mangazos” y las “agresiones verbales” por parte de algunos individuos en Punta del Este, no cree que la medida judicial de desterrarlos del departamento sea una solución al problema.

En la entrevista, el intendente consideró que eso amenaza convertir a Maldonado en “un gueto” y que si todos los departamentos aplicaran la misma medida se crearía un “departamento 20” de gente a la que “no se puede cargar en un camión y arrojarla al mar”.
Lejos de las políticas de mano dura que piden algunos sectores de la sociedad para mejorar la seguridad, De los Santos se alineó con la postura manejada tradicionalmente por la izquierda y opinó que la solución de fondo es fortalecer las políticas sociales en Maldonado y trabajar en un planeamiento y ordenamiento territorial que incluya a todos los que llegan a esta zona con ánimo de trabajar.

PÉREZ DE ACUERDO CON “TAPAR EL POZO ANTES QUE SE CAIGA EL MUCHACHO”

No obstante, este lunes el diputado reelecto Darío Perez, también candidato al municipio por el Frente Amplio, se mostró de acuerdo con la medida adoptada por la jueza Graziuso como mecanismo de prevención del delito. “A veces hay que tapar el pozo antes que se caiga el muchacho”, dijo Pérez, en alusión a la investigación de los antecedentes penales de personas sospechosas y la solicitud de documentación que realizan los efectivos amparados en la nueva Ley de Procedimiento Policial.

Pérez dijo que está “de acuerdo” con la decisión judicial, basado en la información que el jefe departamental de Policía, Eduardo Martínez, le ofreció sobre estos procedimientos. “Me explicó que se trata de temas puntuales, que tenían que ver más que nada con controles. Que encontraron gente que estaba en determinada situación y que no son más de cuatro o cinco”, aclaró el candidato.

Pérez consideró “muy bien” que la Policía pida documentos y verifique los antecedentes de potenciales delincuentes. “Eso está dentro de las medidas preventivas. Porque de alguna manera, quien está con tendencia a delinquir, se encuentra vigilado y controlado”, precisó. “Esto es muy importante para el turismo que la gente pueda venir a caminar sin temor a que le roben un reloj, o la ropa o la casa por dejar la ventana abierta”, añadió.

Si bien entiende que “no sólo es con eso y que los temas de seguridad arrancan desde la niñez, con oportunidades para los gurises y todas las cosas por las que se ha ocupado este gobierno. Pero en definitiva, redondeando, estoy de acuerdo con esto que se está haciendo (…) Podríamos filosofar durante horas sobre esto, pero siento que la gente está contenta con esta forma de trabajo tanto desde la policía como desde la Justicia”, concluyó.

Por otra parte, opinó que la izquierda no puede permitir los partidos “fundacionales se adueñen de la bandera de la seguridad cuando este tema tiene que ver con semillas que se plantaron en otro tiempo y, lamentablemente, están floreciendo hoy. Los partidos fundacionales o la derecha, no pueden hacerse con banderas en las que están altamente implicados los resultados de una sociedad que dejaron marginada”, señaló el diputado.

LA MEDIDA DE LA DISCORDIA

La polémica sobre la prevención de delitos en Punta del Este surgió a mediados de diciembre, cuando la jueza Adriana Graziuso recibió informes policiales sobre dos hombres que, separadamente, habían llegado al balneario sin motivos laborales ni alojamiento y estaban hostigando a los turistas a cambio de dinero.

Al constatar que uno de ellos - mayor de edad al que ya había advertido que no podía molestar a la gente- tenía antecedentes y debía constituir domicilio en Montevideo en el marco de esa causa, Graziuso lo conminó a retirarse. A esta causa se plegó la transportista COT, que costeó el pasaje de regreso a la capital del país.

El otro sonado caso fue protagonizado por un menor de edad llegado desde Bella Unión, también con varias anotaciones en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, que vivía en la calle y circulaba también en actitud sospechosa, insultando y exigiendo dinero a los turistas.

Ambas situaciones fueron difundidas por el diario El País y fueron los juristas quienes comenzaron la polémica mediática sobre la medida. De allí partió una vorágine de opiniones que la semana pasada llevó hasta el futuro ministro de la Presidencia de José Mujica, Eduardo Bonomi, quien antepuso la protección a los turistas a la tradicional postura frenteamplista que rechazaba la mano dura. En tanto, el viernes pasado, el presidente electo José Mujica dijo que está de acuerdo con proteger a los turistas, aunque advirtió que “no hay que pasarse de la raya”.

(foto: lanacion.com.ar)