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El director nacional de Educación, Luis Garibaldi, concurrió el miércoles a la sesión de la comisión para explicar la posición del Poder Ejecutivo sobre la propuesta de Garino. Entre otras cosas, el proyecto propone la intervención del IUPE y la conformación de tribunales examinadores por parte del MEC, que evalúen y extiendan títulos a los alumnos damnificados.

Garibaldi indicó a FM Gente que el proyecto de Garino tiene aspectos que son “imposibles” de aplicar. Por ejemplo, porque plantea la intervención de una institución que “ya no existe”. “Por lo tanto estaríamos interviniendo un conjunto vacío”, enfatizó.

El jerarca señaló que el Poder Ejecutivo, -al cumplir con el dictamen del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada-, revocó la autorización de funcionamiento de la Institución y le pidió que, en ese proceso, entregue la información ordenada. “La institución la entregó desordenada. El Ministerio por su cuenta procesó la información y está en estos momentos entregando la certificación a los estudiantes. Y la institución cerró sus puertas, físicamente. Lo saben los vecinos de Maldonado, Treinta y Tres, Rivera, Melo y Durazno. Y, además, la asociación civil tenía como único objeto la enseñanza, por lo tanto no hay qué intervenir”, concluyó.´

En segundo lugar, Garibaldi cuestiona que el proyecto atribuya competencias al MEC que no le corresponden. “Como tomar exámenes, extender certificaciones o títulos: no está facultado para hacer esto. Y que, en cualquier caso, son las propias instituciones universitarias las que realizan el proceso de tomar de exámenes. Al no existir institución sería imposible pensar que el Ministerio podría expedir un título”, aseguró.

Para ejemplificar, Garibaldi interrogó sobre el origen que tendría el título. “¿De quién va a ser? ¿del Ministerio o de un instituto que ya está cerrado?”, preguntó. En esta línea, recordó que se está dando prioridad a las instituciones universitarias que tienen voluntad de instalarse con las mismas carreras y los mismos departamentos donde funcionaba el IUPE.

En este sentido, el jerarca detalló los pasos que está siguiendo el Poder Ejecutivo para abordar la problemática de los estudiantes. “Nosotros lo que hicimos en los decretos aprobados es autorizar a las instituciones universitarias privadas a que puedan revalidar, en el caso de Maldonado la totalidad de los estudios, o por encima de los dos tercios, según lo que entiendan pertinente. En el caso de las otras sedes hasta los dos tercios. Porque son las tienen la facultad de tomar exámenes, de evaluar y otorgar los títulos finalmente”, explicó.

Por otra parte, Garibaldi dijo que el proyecto de Garino tiene “artículos innecesarios” porque plantea acciones que ya se cumplieron. Es el caso del registro de títulos de los egresados del IUPE, tanto para Maldonado como para las otras sedes. “Todos aquellos que recibieron títulos previos al 18 de febrero de 2010, esos título fueron registrados y, por lo tanto, establece una obligación al Ministerio que ya ha cumplido. Por lo tanto, nos parece que si bien la intención es buscar soluciones, algunas de ellas ya se obtuvieron y otras no condicen con las potestades, incluso la posibilidades del Ministerio”, afirmó.

Finalmente, Garibaldi dijo que el proyecto podría generar una "gran confusión no sólo para los ex estudiantes del IUPE sino para todo el sistema educativo terciario” y calificó de “realmente insólita” la idea de que el MEC otorgue títulos universitarios.

El miércoles, con dos informes en minoría se resolvió elevar al plenario este proyecto por el que se dispone la intervención del MEC como forma de habilitar la aprobación de las materias del último y penúltimo año académico de las carreras de Abogacía, Notariado y Contado Público.

Para ello se propone la designación por parte de la secretaría de Estado de una Comisión Especial integrada con un presidente y tres docentes con notoria idoneidad en la enseñanza de las referidas carreras, con el cometido de conformar tribunales para rendir los últimos exámenes.