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El diputado nacionalista Nelson Rodríguez aseguró este martes en FM Gente que, junto a Luis Lacalle Pou y otro compañero de bancada, promoverán la comparecencia de la ministra de Educación y Cultura, María Simon, para que explique a los diputados la situación del UPE y de los estudiantes que quedarán a la deriva cuando se concrete el anunciado cierre de la institución.

Entretanto, en el sitio oficial del MEC en internet pueden encontrarse las diferentes "vistas" que desembocaron en la solicitud de clausura del Instituto por parte del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada (CCETP). Entre los documentos se destaca el que recomienda el “retiro de la autorización y el reconocimiento de nivel académico” del instituto Universitario de Punta del Este (UPE), fechado el 26 de enero de 2010.

Se trata del dictamen Nº 294, donde el MEC enumera todas las actuaciones realizadas durante años para controlar la calidad académica del Instituto Universitario de Punta del Este. También cita los frustrados intentos por lograr que el centro educativo cumpliera con los requisitos solicitados antes de tomar la drástica medida de recomendar su clausura.

A lo largo de 11 páginas, las autoridades recuerdan los cometidos del Estado en el marco de la Ley General de Educación aprobada en diciembre de 2008. Agregan que “la administración trató, de todas las formas permitidas por las normas, que la institución cumpliera con la normativa vigente y ajustara su actuación a ella de acuerdo con sus cometidos de regulación de la enseñanza privada.

Menciona informes de evaluadores e integrantes del CCETP, donde destacan diversos incumplimientos y las promesas del UPE de ajustarse a lo solicitado, sin hacerlo jamás. “(…) un elemento repetitivo en todos los informes analizados, es el hecho de la distancia que existe entre lo que la institución declara que va a realizar ya sea en su plan de desarrollo, sus reglamentos, sus solicitudes de reconocimiento o autorización, y lo que luego efectivamente realiza; (…) todos los estudios evidencian que la institución se compromete a tomar medidas o realizar modificaciones que finalmente no se cumplen (…)”, indica uno de esos informes finales.

Por otro lado, se transcribe la opinión del doctor Francisco Falcao, ex presidente del CCETP, en nota dirigida al Ex- Ministro Leonardo Guzmán, respecto a los cuestionamientos del UPE a los controles estatales. “Quitarle trascendencia a la conducta habitual y reiterada de la institución de falsear su identidad ante instituciones extranjeras, comprometiendo la imagen académica del país, o entregar oficialmente documentación falsa referida a las plantillas docentes de sus carreras, es pretender minimizar una conducta éticamente incompatible con la relevancia que debería enaltecer a una institución educacional”, escribió.

De hecho, indicó que el UPE ha propuesto acuerdos bilaterales y reajustes a sus planes educativos como “un recurso para seguir funcionando e incorporando nuevos estudiantes, lo que aumentaría las dificultades para tomar cualquier medida en el futuro. Durante más de diez años el IUPE ha logrado con éxito proyectar hacia delante el cumplimiento de sus obligaciones”.

Otro lapidario juicio que figura en el documento: “Desde hace por lo menos diez años se hace creer a los estudiantes y a sus padres que el instituto brinda una real formación universitaria, cuando todas las evaluaciones han mostrado que el IUPE ni siquiera cumple con las exigencias de calidad que establece en sus propios reglamentos, por ej., el referente a la selección de los docentes.”

“No existen planteles docentes integrados y estables, su dedicación es insuficiente para el cumplimiento adecuado de las funciones universitarias. Se funciona como en una institución lineal con profesores y estudiantes “visitantes”. Gran proporción de los docentes carecen de experiencia previa en docencia e investigación de nivel universitario. Se ha negado a los evaluadores el acceso a documentación vinculada a la personería jurídica de la institución o al cumplimiento de los requisitos que establecen los decretos 308/995 y 309/002. Ha existido un permanente escarnio hacia el Área de Educación Superior y el CCETP, inventando pretextos para solicitar plazos para atender todas las observaciones hechas”, agrega.

ALGUNOS ANTECEDENTES

A modo de ejemplo, se señala que en la sede Treinta y Tres el área de Educación Superior (AES) pidió información ante las carencias en 2002 y 2004, pero el instituto nunca la aportó. En mayo de 2004 “se archivó, sin que surja del expediente quien dispuso su
archivo, y sin la información reiteradamente solicitada”.

La sede Rivera comenzó a funcionar en 2005 sin ser autorizada por el ministerio. No presentó la lista de carreras ni planes de estudio y, un año después, se constató que el cuerpo docente no cumplía con los requerimientos del Dec. 308/995. Cuando, en enero de 2007 el UPE proporcionó la información, se constató que no se ajustaba a lo solicitado.

Cuando abrió la sede Durazno, en 2006, se comunicó al instituto que la información sobre la apertura era escasa y con insuficiencias. Aunque la institución envió más datos, se reiteró la insuficiencia.

En 2008 el UPE pidió autorización ministerial para la sede Melo. La ministra Simon la rechazó y, al mismo tiempo, dispuso constatar por parte de la Dirección de Educación el cumplimiento de lo dispuesto.
La institución fue notificada y en agosto de 2009 se dispuso una visita para cumplir con la orden ministerial. No obstante, según el documento, la realización de entrevistas se frustró “en virtud de prohibición por parte del Dr. Gutiérrez Sosa. No obstante se constata que en la sede se están dictando cursos de 1º y 2º año correspondientes a carreras de Abogacía y Notariado”.

Agrega el documento que, en noviembre de 2009, el director de educación “establece entre otros múltiples incumplimientos del Instituto el incumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 425/09 por la cual no se accede a la solicitud de autorización para el funcionamiento de su sede en la ciudad de Melo”.

En el capítulo sobre “informes y otras actuaciones respecto a sedes”, se habla de la “contumaz” evasión y omisión de información, con detalle de fechas y actores. Citan, por ejemplo, un informe del evaluador institucional Ernesto Domínguez realizado en 2008, quien considera “que las características generales de las sedes presentan una actividad educativa, que en el estado actual no conforma una integral propuesta universitaria”.

Otro ejemplo es el informe emitido en noviembre y diciembre de 2008 por el evaluador de la carrera de Derecho, Prof. Dr. Arturo Caumont, en las sedes Treinta y Tres, Rivera y Durazno: “Pero ello no significa que la posesión de entidades universitarias en el interior estén autolegitimadas y autojustificadas por el sólo hecho de su radicación extramuros de la Capital. El dato de la ubicación geográfica no reemplaza en absoluto el ideal de excelencia que es prevalente a cualquier otra consideración y es insusceptible de desplazarse del centro de la atención paradigmática con que es necesario abordar la implementación de servicios de educación universitaria”, informó.

También se refiere a la situación generada cuando la institución pidió al MEC que registrara títulos de estudiantes de Derecho que habían cursado en sedes no autorizadas, como la de Treinta y Tres.

(El dictamen completo se encuentra en el link DOCUMENTOS de esta página. En el sitio del MEC www.mec.gub.uy aparecen, asimismo, otras vistas y actas sobre el caso).