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De Pazos contó que el año pasado comenzaron a recibir personas en su estudio que habían sido estafadas. La modalidad era la siguiente: una chica desde Paraguay se contactaba con ellos a través de Facebook, entablaban un diálogo y el mismo avanzaba hasta que se intercambiaban los números telefónicos y seguían conversando a través de WhatsApp. A partir de ahí, la supuesta chica le solicitaba un intercambio de fotografías eróticas.

De Pazos dijo que a veces la persona contactada accedía al intercambio de fotos y a veces no. Al otro día o al poco rato “estas personas recibían un llamado de una supuesta Fiscalía en donde le decían que la madre de esa aparente muchacha había radicado una denuncia porque su hija era menor de edad”, contó.

“A efectos de solucionar esa situación se le daba la posibilidad a la persona de que enviara un dinero a través de western unión a una cédula que siempre iba variando, pero era de origen paraguayo”, explicó.

“Las personas en la desesperación y antes de contactar a un abogado procedían a desembolsar dinero”, continuó. “Si uno escuchaba la llamada, los sonidos daban cuenta que podía ser real la situación”.

Pero el asunto no quedaba ahí. Siempre que la persona accedía a depositar el dinero solicitado, luego se la volvía a contactar exigiéndole más dinero.

“La gente volvía a pagar y volvían a pedirle hasta que comenzaban a sospechar y (a partir de ahí) optaban por comunicarse con un abogado”.

Hace pocos meses comenzaron a tomar conocimiento de casos que daban cuenta de una operativa dentro del país de similares características a las que se habían realizado desde Paraguay.

En este caso se hacían pasar por un jerarca del Ministerio del Interior, precisamente de la Jefatura de Policía, y le decían a la persona que había incurrido en un delito.

“La persona que se había contactado se hacía pasar por Pioli (Julio), nosotros lo pusimos en aviso y él lo agradeció”, dijo De Pazos.

“En ese momento pensamos que era un caso aislado pero hace dos o tres meses empezaron a darse casos con más asiduidad. Otros colegas también han recibido consultas de este tipo (…) En resumidas cuentas se importó este modus operandi”, señaló. En este caso las cédulas son uruguayas, siempre diferentes y se pide que depositen dinero a través de una red de cobranza. “Esas cédulas están en el sistema. Es investigable”, indicó.

El abogado contó que un 90 % de los casos en los que trabajó llegaron a pagar el dinero que se les exigía, y que los montos eran variados. “Se iban adaptando dependiendo las personas. Acá hubo gente que incluso sacó préstamos para pagar lo que le pedían, 20 mil pesos, mil dólares, dos mil dólares, dependiendo de la posibilidad que ellos percibían del otro lado, se iban acomodando. En definitiva, nunca se para de pedir plata. Todas las personas que pagaban algo, volvían a ser contactadas, y es ahí que en determinado momento empezaban a sospechar”.

Dijo que los denunciantes tenían la incertidumbre “si del otro lado había un funcionario corrupto que les estaba cobrando para archivar la causa de un presunto acoso sexual o no”.

De Pazos dijo que el perfil de Facebook de la persona que los contactaba “es una persona mayor de edad, con la fecha de nacimiento, etc. La eventualidad de una minoría de edad en ese sentido no estaría”.

Explicó que “las formas que tiene Fiscalía o Policía para notificar una denuncia, jamás va a ser vía WhatsApp o un llamado telefónico de un policía y menos pidiendo dinero. Eso en primer término”.

“También cabe precisar que los canales formales para ello por lo general son el domicilio o quizás un llamado solicitando que me presente en la seccional o en un lugar para notificarme de esa denuncia y del contenido. Jamás le van a adelantar a uno de qué se trata. Menos por wasap, menos por audio. Esa informalidad no se da en estos casos”, informó.


Podés escuchar la entrevista completa haciendo click en el enlace situado debajo.

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