“Descubrimos una especie de recurso para salvar un vacío legal existente en la materia. No podemos hacer otra cosa que denunciar ante la Policía y que ésta lo transmita a la Justicia. Luego un juez convoca a quienes generan esos ruidos y molestias en casas particulares”, detalló.
Quintana consideró que en este país las leyes “sobreprotegen” la la propiedad privada. “Cuando esto ocurre en un comercio legal, podemos decretar la clausura, pero en una casa particular no podemos hacerlo”, argumentó.