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“La votación estuvo dividida pero de distintas maneras, hubo una mayoría (y) se resolvió: en primer lugar, hacer pública la posición; y en segundo lugar decir que se apoya en general el tema del eje Aparicio Saravia, pero que puntualmente las modificaciones (de normativas y regulaciones) en Rincón del Indio y Miguel Angel, se entiende que no es el momento para hacerlas”, dijo Laventure. Agregó que esas modificaciones “requieren una discusión mucho más profunda, aportes técnicos, la opinión de más vecinos”. “Esto que voy a decir es a título personal: No vemos la necesidad y la urgencia de hacerlo en este momento”, sentenció.

Dijo que las posiciones estuvieron divididas al considerar si el municipio debía pronunciarse institucionalmente. Afirmó que los concejales del Frente Amplio se dividieron, y que se decidió pronunciarse. Luego afirmó que la decisión sobre el tema fue sostenida por la mayoría de concejales del Partido Nacional, en tanto que los del Frente Amplio votaron en disidencia.

Sobre la molestia que provocó en algunos vecinos la colocación de un cartel en la playa de la Para 10 de Punta del Este prohibiendo los baños, Laventure dijo que se enteró de ello a través de FM Gente, y admitió que el cartel está mal colocado porque da la impresión que los baños están prohibidos en toda la playa. No obstante, defendió la colocación del cartel advirtiendo los riesgos de bañarse en un área con un frente de no más de cinco o seis metros sobre la orilla, en la que se encuentran los restos de un naufragio. “El cartel está mal ubicado, tal como se emplazó, da la impresión de que lo que está prohibido es el baño en toda la playa”, dijo Laventure y prometió modificar su emplazamiento.

Sobre los edificios que tienen frentes sobre la costa y tienen personal que bajan reposeras y sillas para reservar lugar cerca del agua, el alcalde de Punta del Este se manifestó partidario de reglamentar esa actividad porque convierte la situación en una virtual privatización. Admitió que su posición es opuesta a la de la intendencia, y dijo que insistirá con un proyecto de decreto que el año pasado elevó a la Junta Departamental para reglamentar la actividad, no fue tratado, con el que este año insistirá reenviándolo.

Consideró que la normativa actual que permite la colocación de cinco o seis sillas por edificio en la zona cercana al agua para reservar lugares para propietarios de apartamentos de esos edificios, establece una injusticia. “A pesar de que cinco parece un número razonable (para las sillas o reposeras), si uno lo multiplica por la cantidad de edificios, lo que pasa es que se convierten en una barrera (junto a la orilla) para los otros vecinos que no tienen la suerte de vivir en un edificio que les brinde ese servicio”, dijo el alcalde. Completó reflexionando que “o lo licito, lo privatizo directamente pero por lo menos tengo un ingreso, pero no lo dejo, porque si no, lo estoy privatizando de hecho sin tener ningún beneficio como comunidad”. “La tradición de nuestras playas es que no se pueden privatizar”, recordó, y dijo que en esto “hay una diferencia de opinión con la dirección de Higiene (de la intendencia)”.