Una red que vendía protección de otros presos a reclusos primarios fue duramente golpeada con el procesamiento con prisión de dos internos que cumplían condena en Las Rosas, y otras tres que desde afuera establecían los contactos y el cobro a los familiares de los que consideraban potenciales clientes.
Todo comenzó con la denuncia de la mamá de un preso. Dijo que debió pagar, mediante un giro, 1.500 pesos para que su hijo no sufriría apremios físicos en la prisión. Afirmó que el giro lo hizo a nombre de una mujer.
La dirección de Investigaciones se hizo cargo de tirar de la madeja. Las indagaciones fueron conduciendo sucesivamente a tres personas que operaban en el exterior de la cárcel, y al menos a dos reclusos que cumplían pena en Las Rosas.
Cuando los efectivos de Investigaciones entendieron que tenían el caso cerrado, o por lo menos suficientemente avanzado, informaron al juez en lo Penal. El magistrado dispuso pusieran en su despacho a las cinco personas imputadas de la extorsión continua de los primarios que habían perdido la libertad.
Dispuso que dos de los integrantes del grupo, Jordi Pintos y Eduardo Grattone, que estaban alojados en el establecimiento de Las Rosas, fueran vueltos a procesar con prisión. Esta vez les tipificó al primero la autoría de un delito continuado de extorsión. A Grattone lo encontró incurso en el delito de extorsión como copartícipe necesario, o coautor.
En tanto, tres mujeres, Flavia Lourdes Fernández, V.B.R y M.P.F.B.que participaban del grupo con sus acciones en el exterior del establecimiento de Las Rosas, fueron procesadas con prisión como copartícipes de un delito de extorsión. M.F. fue la mujer a nombre de quien la mamá del recluso extorsionado debió realizar el giro de los 1.500 pesos.