Se trata de la empresa Alubar Energía S.A. que pidió al organismo una prórroga para la instalación del parque de 50 megavatios ubicado en el departamento. El ente había aceptado dicha prórroga pero luego la modificó.
Según publica EL PAIS, las partes firmaron un contrato en 2012 para la compraventa de energía eólica por 20 años, y se estableció como plazo límite para lo concreción del proyecto el mes de junio de 2015. Sin embargo en abril de 2014 los responsables del parque pidieron a UTE que se extendiera ese plazo hasta el 27 de junio de 2016.
El pedido fue atendido por el ente, que en julio del año pasado mediante una resolución otorgó la ampliación, previo a que se acordara el pago de una compensación económica por unos US$ 3 millones.
Hasta la fecha eso no fue establecido en el contrato para que se pueda seguir la construcción, según los inversores.
Incluso la empresa presentó como inversor y garantía al grupo Sun Edison para reforzar el pedido. Esa empresa es líder mundial en energía solar, tiene dos contratos en construcción con UTE y acaba de comprar 14 parques eólicos en Brasil y 1.000 MW en Estados Unidos.
Con la eólica disponible se cubre hoy entre el 15% y 20% de la demanda, y desde UTE se asegura que con los proyectos en construcción por parte de inversores privados, más los parques que desarrolla el ente por cuenta propia, es suficiente para cubrir la demanda y minimizar el uso de energía térmica.
En ese escenario el ente no tiene la misma urgencia de antes por seguir incorporando a gran ritmo generadores privados para que le provean de energía de origen eólico.
De hecho, UTE ya decidió rescindir a principios de año los contratos para la compraventa de energía con la argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (Impsa) que tenía a su cargo la construcción de tres parques eólicos en Maldonado y Lavalleja, debido a que no cumplió con los plazos establecidos para concretar las obras por su difícil situación económica.
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