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“Un riesgo que antes no existía, ahora existe: que el fisco argentino pida informes sobre argentinos que tienen propiedades en Uruguay, fundamentalmente en Punta del Este y en Colonia”, opinó Varela.
Otros especialistas han procurado tranquilizar las inquietudes de los inversionistas argentinos en
Punta del Este, al recordar que no se puede pedir información económico financiera (patrimonio e inversiones) al barrer, sino que el pedido debe formar parte de una investigación tributaria específica, y se deberá demostrar que lo que se obtenga del pedido es relevante en cada caso.

IProfesional.com, un portal argentino especializado en economía, publicó un informe en el que afirma que “los argentinos –que son los primeros inversores inmobiliarios en Punta del Este– podrán seguir adquiriendo propiedades en Uruguay a través de sociedades extranjeras sin verse obligados a tener que informar al gobierno uruguayo los nombres de los dueños de esos negocios”. El presidente de Uruguay, Jose Mujica, dijo que los argentinos siempre le encuentran la vuelta para eludir las restricciones financieras que les imponen distintos gobiernos.

La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo tributario entre los gobiernos de Uruguay y Argentina. Este acuerdo fue alcanzado después que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, colocara a Uruguay en una lista de paraísos fiscales que obstaculizan la persecución de evasores de impuestos en sus países. Voceros diplomáticos, tanto en Francia, donde se hizo pública la acusación, como en Montevideo, se dijo que la denuncia fue impulsada por la presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.