Insistió en que los mecanismos de regularización iniciados en 2005 hicieron que la vivienda social dejara de ser “una mercancía electoral para transformarse en un derecho ciudadano”, pese a los intentos de “grupos minoritarios de vecinos y de referentes de la oposición” que llegaron a juntar firmas para impugnar el decreto de regularización en Cerro Pelado.
Delgado informó que 2013 cerró con “865 familias que ya habían firmado y están pagando sus viviendas; 224 firmaron su intención de cogerse al nuevo decreto. Más de 200 familias que terminaron de pagar su vivienda, de las cuales más de 100 ya recibieron su título y escrituras”.
Acto seguido defendió la política de vivienda “multisectorial” del FA, porque atravesó diferentes organismos nacionales y municipios. “Tuvo que venir el FA a regularizar barrios ilegales. (…) La transparencia del acceso a la vivienda ha sido fundamental para el gobierno. La vivienda dejó de ser una mercancía electoral para convertirse en un derecho ciudadano”, concluyó.