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Mieres indicó que la situación de Ancap generó “un debate muy intenso, y muy duro también” en el Parlamento esta semana, cuando se consideraron los informes surgidos de la Comisión Investigadora.

“Hay concepciones diametralmente opuestas sobre lo que ocurrió en Ancap, con el partido de gobierno. Es insólito que las conclusiones sean: ‘acá no ha pasado nada’. Y hace dos meses votaron para poner 622 millones de dólares para salvar la situación patrimonial de Ancap, el gobierno al ha intervenido con un equipo de trabajo del Poder Ejecutivo, se anuncia que van a sacar a todos los directores, hay un llamado para un gerente general que estos años no existió, hubo un llamado para un gerente financiero…. Todas las señales del gobierno son de que pasó mucha cosa y que fue un desastre”, afirmó.

Dijo que Ancap perdió 700 millones de dólares en últimos cuatro años y llega al 2015 “con una relación patrimonio en deuda de uno en 10, o sea que el patrimonio es la décima parte de su endeudamiento. Es una empresa técnicamente quebrada. Eso fue lo que probamos en el informe. Y eso se debe a una pésima administración. Por no solo eso: hay violaciones de normas. Llegamos a detectar 20 ocasiones en las que se violaron las leyes, los decretos o la Constitución de la República”. Y apuntó que algunas de de estas violaciones “tienen apariencia delictiva”.

Señaló que todo esto será enviado a la justicia, para que se pronuncie. “Y será el Poder Judicial el que tenga que resolver las responsabilidades correspondientes”, afirmó.

Anunció que se va a explorar la posibilidad de hacer una denuncia penal “conjunta”, por parte de todos los partidos de la oposición, a la que podría sumarse incluso Asamblea Popular, que no estuvo en la investigadora por no tener representación en el Senado. Dijo que ese tema va a ser objeto de reuniones y consultas con los penalistas.

Tras criticar la gestión del vicepresidente Raúl Sendic al frente a la empresa, Mieres dijo que ya hay señales que “va a haber un cambio fuerte en la orientación de Ancap. Esperemos que para bien. Pero también tenemos que discutir modificaciones en la reglas de juego, para que no ocurran más estas cosas”, añadió. Y afirmó que también hay que realizar una reforma constitucional “para evitar el uso político de la una empresa pública. Y para eso hay que suspender la inhabilitación para ocupar cargos electivos, que ahora es de un año, por cinco años”.

Por otra parte, Mieres dijo que no tiene dudas que se necesita otra investigadora para analizar los negocios con Venezuela. “Ahí tenemos otra situación muy grave. Todos los datos que hay del accionar de esa empresa, Aire Fresco S.A., suena a un direccionamiento desde el poder. Y esas cosas no se deben dejar pasar”.

“Y si hay una propuesta de crear una Comisión Investigadora, la vamos a apoyar, porque nos parece que hay datos suficientes para pensar que puede haber irregularidades o ilícitos”, aseveró.