A más de un año del incendio que provocó la muerte de diez residentes en un hogar de ancianos de Treinta y Tres, la abogada Beatriz Berriel, quien patrocina a familiares de dos de las víctimas, criticó con dureza la condena acordada entre Fiscalía y las imputadas. En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, la profesional sostuvo que el acuerdo no refleja la gravedad del hecho.
Señaló que el sistema penal permitió que la dueña del establecimiento y la empleada a cargo en la madrugada del incendio recibieran una pena de cinco años que, en los hechos, no implica prisión en un establecimiento carcelario. “La pena dice cinco años de penitenciaría, pero no van a estar ni un día en la cárcel”, afirmó.
Explicó que el acuerdo otorgó un año de prisión domiciliaria total —que ya cumplieron desde la formalización—, otro año de prisión domiciliaria, un año de arresto nocturno y dos años de libertad a prueba. “Un día de prisión domiciliaria equivale a un día de prisión efectiva”, expresó, al cuestionar cómo se computaron los plazos.
Para la abogada, el resultado dejó una fuerte sensación en las familias: “Nos queda la sensación de que la vida de las personas mayores no vale nada”. Relató que sus representados asistieron a la audiencia en la que se homologó el acuerdo. “Están indignados porque entienden que la gravedad del hecho no se ve reflejada en la pena”, indicó.
Sostuvo que la Fiscalía “tuvo el sartén por el mango” y que las víctimas carecen de herramientas para oponerse a este tipo de acuerdos. “En los abreviados no tenemos ninguna injerencia. Si el acuerdo no es ilegal, el juez solo puede condenar”, señaló.
La abogada también cuestionó aspectos vinculados a la supervisión del residencial. Afirmó que las puertas de acceso tenían rejas cerradas con llave y que, según lo acordado en Fiscalía, la cuidadora declaró que estaba en el lugar cuando escuchó un estruendo. “Las diez personas fallecieron y no lograron sacar a nadie”, señaló. Comentó que la trabajadora logró salir por el garaje.
Respecto a eventuales acciones reparatorias, Berriel informó que no existieron acuerdos económicos entre las partes. Indicó que podría abrirse una instancia civil para reclamar daños y perjuicios, aunque confirmó que esto aún no se definió. “El proceso penal y el civil son independientes”, aclaró.
Concluyó que no comparte “el criterio de la Fiscalía para acordar”. “Lo que digo es que en este caso concreto no estoy de acuerdo con la decisión de la fiscal”, sostuvo.
Foto: Telemundo
Señaló que el sistema penal permitió que la dueña del establecimiento y la empleada a cargo en la madrugada del incendio recibieran una pena de cinco años que, en los hechos, no implica prisión en un establecimiento carcelario. “La pena dice cinco años de penitenciaría, pero no van a estar ni un día en la cárcel”, afirmó.
Explicó que el acuerdo otorgó un año de prisión domiciliaria total —que ya cumplieron desde la formalización—, otro año de prisión domiciliaria, un año de arresto nocturno y dos años de libertad a prueba. “Un día de prisión domiciliaria equivale a un día de prisión efectiva”, expresó, al cuestionar cómo se computaron los plazos.
Para la abogada, el resultado dejó una fuerte sensación en las familias: “Nos queda la sensación de que la vida de las personas mayores no vale nada”. Relató que sus representados asistieron a la audiencia en la que se homologó el acuerdo. “Están indignados porque entienden que la gravedad del hecho no se ve reflejada en la pena”, indicó.
Sostuvo que la Fiscalía “tuvo el sartén por el mango” y que las víctimas carecen de herramientas para oponerse a este tipo de acuerdos. “En los abreviados no tenemos ninguna injerencia. Si el acuerdo no es ilegal, el juez solo puede condenar”, señaló.
La abogada también cuestionó aspectos vinculados a la supervisión del residencial. Afirmó que las puertas de acceso tenían rejas cerradas con llave y que, según lo acordado en Fiscalía, la cuidadora declaró que estaba en el lugar cuando escuchó un estruendo. “Las diez personas fallecieron y no lograron sacar a nadie”, señaló. Comentó que la trabajadora logró salir por el garaje.
Respecto a eventuales acciones reparatorias, Berriel informó que no existieron acuerdos económicos entre las partes. Indicó que podría abrirse una instancia civil para reclamar daños y perjuicios, aunque confirmó que esto aún no se definió. “El proceso penal y el civil son independientes”, aclaró.
Concluyó que no comparte “el criterio de la Fiscalía para acordar”. “Lo que digo es que en este caso concreto no estoy de acuerdo con la decisión de la fiscal”, sostuvo.
Foto: Telemundo
