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La edila Adriana Costa (MPP-FA) recordó en la Junta Departamental que el documento estudió los núcleos poblacionales de patos en áreas donde previamente se desarrollaron actividades de caza, utilizando información de censos y avistajes en los últimos 14 años e información oficial sobre permisos emitidos.

Además cuantifica la relación positiva o negativa entre el índice de los patos cazados y los observados.

Las conclusiones del informe científico piden prorrogar la veda de caza deportiva de patos por al menos 5 años, considerando las tendencias negativas y significativas constatadas a lo largo de los años entre la caza y la población de patos, a efectos de obtener resultados poblacionales y basar nuestra normativa en la ciencia y la ley.

A lo largo del informe se detallan las bajas poblaciones observadas y la fuerte indicación de que el motivo de la afectación es la caza.

Además, se cita el principio precautorio que debe regir toda la normativa y actuación pública en materia ambiental.

Una predicción errónea de que una actividad humana no amenazará la biodiversidad resultará más perjudicial para la sociedad que una predicción errónea de que la actividad amenazará a la biodiversidad.

La Ley No 9.481 impone la prohibición genérica de caza habilitando excepciones por el Estado, y es reglamentada por el Decreto No 164 del año 1996, que determina que las excepciones deben establecerse bajo fundado informe técnico.

A su vez, que el Decreto No 104 del año 2000 determina las especies pasibles de caza y, a raíz del Decreto No 269 del año 2000, se renueva automáticamente si al 30 de setiembre no se dicta un nuevo decreto.

El Decreto No 308 del año 2018 dispuso la suspensión de la caza de patos por 2 años, cometiéndose al Ministerio realizar los estudios poblacionales correspondientes, pero este decreto, a pesar de las intensas gestiones efectuadas, no se renovó; y, como resultado, el Estado uruguayo viene habilitando la caza no solo de patos, sin informes técnicos e incumpliendo la obligación que le impone la normativa.

Por lo expuesto, lo que se solicita es que el Ministerio de Ambiente no cometa el mismo error que cometió el año pasado: que cuando llegue el 30 de setiembre no haga la prohibición de la cacería de esta especie.

Lo que denuncia esta organización es que, siendo que fue un informe del propio Ministerio, el Ministerio lo incumple, no hace lo que tiene que hacer y entonces al 30 de setiembre la caza de patos no se suspendió.

Costa solicitó que este año no vuelva a pasar lo mismo, que la Presidencia determine cuáles especies se pueden cazar y cuáles no y que al 30 de setiembre no vuelva a pasar lo mismo que el año pasado porque, si no, vamos a seguir perdiendo especies por desidia y negligencia del propio Ministerio.