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En ausencia del intendente Óscar de los Santos y sin su suplente, que ayer se encontraba en Rivera, el secretario general de la Intendencia Departamental Gustavo Salaberry debió convocar a una reunión urgente para intentar liquidar un conflicto que parecía desmadrarse en el Municipio de Piriápolis.

El problema, que se creía solucionado con la mediación de la Intendencia, se reactivó ayer por la mañana cuando el alcalde interino Alejandro Martínez (Cabildo) ordenó retirar toldos comerciales de la rambla y debió intervenir la Policía para que los forcejeos e insultos con los comerciantes no pasaran a mayores. Si bien este hecho sí parece tener sustento legal, dio pie a la oposición para reavivar la disputa interna.

PREOCUPA EL PROCESO

El secretario general de la comuna, Gustavo Salaberry, remarcó anoche a FM Gente que teme las consecuencias de este conflicto “en el proceso de descentralización que está en marcha”.

“Preocupa los efectos que esto tenga en el futuro, porque pega en la línea de flotación del proceso de descentralización. Los colectivos municipales tienen una fundamentación democrática de que lo que así se decida se acata”, comentó.

Agregó que en la pasada jornada trataron de “dilucidar las responsabilidades del municipio” y le entregaron a Martínez un expediente donde figuran las responsabilidades y atribuciones legales de los alcaldes.

Salaberry consideró poco probable que los comerciantes de Piriápolis que “afectados” por las medidas de Martínez inicien acciones legales. No obstante, quebró una lanza por el alcalde al afirmar –en su misma línea- que el procedimiento de remoción de toldos ordenado ayer no está vinculado al acuerdo alcanzado el miércoles por la tarde. Responde a notificaciones previas, para retirar estructuras, que no se habían cumplido.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

Rafael Meilán, director general de Obras de la Intendencia que el miércoles había oficiado de mediador, explicó anoche a FM Gente que pidieron informes a Montevideo para saber a ciencia cierta cuáles son las potestades de un alcalde y realizar consultas legales sobre la validez de las resoluciones adoptadas por el concejo municipal.

“En principio (los informes) estarían indicando que las resoluciones tomadas por mayoría son válidas independientemente o no de la firma del alcalde. Lo cual suena lógico porque si no el alcalde tendría el poder de veto”, comentó Meilán.

El director consideró, además, que el gobernante Frente Amplio “no puede mirar para otro lado” y “tendrá que tratar el tema”. Enfatizó que Martínez fue advertido oportunamente sobre las consecuencias de sus decisiones que, para la fuerza política, fueron a título personal.

“Se le comunicó formalmente que estaba actuando bajo su responsabilidad política, legal y económica. Por lo tanto, supongo que habrá evaluado esas circunstancias antes de decidirse a tomar las medidas que tomó”, advirtió.

CABILDO ABIERTO

Martínez fue respaldado por todos los ediles del sub-lema Comprometidos Contigo, que acompañó la candidatura de Darío Pérez a la Intendencia. Antes del nuevo escándalo, el martes 8, la bancada de Cabildo en la Junta Departamental emitió un comunicado para respaldo a los concejales frenteamplistas de Piriápolis.

“Apoyamos lo actuado por los compañeros y concejales del municipio de Piriápolis, en relación al cumplimiento de las ordenanzas vigentes aprobadas por este cuerpo en relación al uso de espacios públicos”, señala la nota firmada por ediles del sub-lema “Comprometidos Contigo” (Cabildo 1813, Partido Comunista, PVP, Encuentro Progresista, Corriente de Integración Frenteamplista, Espacio 709 y 718 Fuerza Social Frenteamplista).

“La conducta de los compañeros demuestra no estar al servicio de los intereses particulares sino en defensa del bien público y el cumplimiento de las ordenanzas”, agregaban. Después de eso se dio la “mediación” del miércoles y el escándalo del jueves. Todo, seguramente, irá a parar a la Mesa Política del Frente Amplio, la semana próxima.