La Justicia tomó participación en la indagación de un procedimiento de funcionarios de la Guardia Metropolitana que sometieron a agresión verbal e indebido uso de la fuerza al edil nacionalista Darwin Correa y su familia, durante un procedimiento en la madrugada de este miércoles 16 de enero, dijo un vocero policial a FM Gente.
La Jefatura de Policía de Maldonado pasó a la Justicia de Feria los antecedentes de lo actuado por los funcionarios de la Metro cuando en un retén de control policial, sometieron al edil Correa que viajaba en un auto, y a su esposa con los dos hijos del matrimonio, que lo hacía en segundo auto, a lo que fue descripto por el curul como una agresión. El vocero policial dijo que hubo en el procedimiento, además, “agresión verbal” contra Correa y su familia por parte de los funcionarios de la Metro.
Correa formuló denuncia policial del incidente en la mañana del miércoles 16 de enero, e hizo público lo vivido en una entrevista concedida a FM Gente horas más tarde.
Todos los funcionarios que participaron del control policial, inscripto dentro del operativo Verano Azul, deberán ahora responder ante la Justicia por lo actuado por cada uno en ese incidente.
Correa aseguró que tres de los efectivos lo redujeron de forma coordinada mientras él se preocupaba porque su esposa era sometida a destrato por otros integrantes del mismo retén policial. Dijo que un efectivo de la Metro le tomó del rostro, otro del brazo retorciéndoselo para empujarlo contra un vehículo, y un tercero le aplicó uno o más golpes en la espalda con un objeto que no pudo precisar qué era.
El portavoz policial que dialogó hoy con FM Gente dijo que todo el procedimiento va a ser ventilado en los estrados judiciales, pero que simultáneamente se abrió un sumario interno para determinar las sanciones administrativas y funcionales que les pueda caber a los efectivos que actuaron en el procedimiento.
El edil Correa responsabilizó de lo ocurrido al mismo Jefe de Policía de Maldonado, Juan Balbis, durante su entrevista con FM Gente, razonando que todos los efectivos que trabajan en el departamento obedecen a su mando como superior jerárquico máximo.
El portavoz policial recordó que el decreto 500/91 obliga a la fuerza a hacer público cuando sus efectivos son puestos a disposición de la Justicia por algún incidente que presuntamente se haya salido de madre, y también les obliga a iniciar el sumario interno. El decreto tiene fecha 27 de septiembre de 1991.