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Ante la denuncia planteada por el edil nacionalista Julio Pintos, quien aseguró que algunos concesionarios de paradores no cumplieron su oferta de colocar publicidad oficial en medios de prensa y que la IMM perdió dinero porque la pauta no fue utilizada, Salazar aseguró este viernes en FM Gente que la Intendencia (IMM) controla y además exige depósito de garantía de fiel cumplimiento, lo cual no ocurría en pasadas administraciones.

Consideró que Pintos fue “ambiguo”, “vago” e “impreciso”. Que no dijo cómo, ni cuándo ni quiénes violaron, presuntamente, los contratos. “Nosotros recibimos información de incumplimientos e inmediatamente iniciamos una investigación administrativa, sumarios y acciones judiciales. Pero no nos basamos en este tipo de cosas. Hay que ser serios, decir cuándo donde y cómo, y nosotros actuamos”, señaló Salazar.

Explicó que el cumplimiento de los paradores debe ser controlado por el área que pidió la licitación. “Si la pidió Higiene, es la que debe hacerse cargo y cuando no cumplen hacen un informe y lo elevan a Jurídica para que se evalúe el contrato escrito.” En este caso, dijo que como también intervienen temas publicitarios, además de la dirección de Higiene el control del cumplimiento está a cargo de la de Comunicaciones.

Indicó que en general se busca un arreglo extrajudicial para muchas licitaciones y contratos. “Nadie quiere terminar embargando a una persona o poniendo a una empresa como incumplidora, porque si está registrada tiene un antecedente negativo para futuras licitaciones. Se intenta una solución dialogada antes de iniciar procesos judiciales”, precisó.

Agregó que cuando un director no devuelve el expediente se entiende que el asunto se solucionó y que, de lo contrario, una vez más se envía el caso a Jurídica para que se tomen otras acciones.

En cuanto a paradores desmontables que no fueron desmontados, argumentó que se está evaluando la conveniencia de dejarlos todo el año. “En algunos casos se vio que cumplían una buena función, como por ejemplo la cercanía a los edificios donde viene gente también en invierno. Se está en tratativas para ver si es posible que se queden o no, porque a veces hay asuntos de protección al medioambiente y hay que solicitarlo a la DINAMA. A partir de la opinión de DINAMA se iniciará una nueva negociación con los concesionarios”, dijo la jerarca.

MOTIVO DE GRACIA

Por otra parte la directora dijo que la causa “gracia” que el edil diga que el expediente se estancó en 2008 y que pedirá una investigadora en la Junta Departamental por este hecho. “En papel no queda nada, porque todo se sigue por expediente electrónico y si se lo pide a un funcionario a escondidas, se lo dará en papel. Debe haber 8.000 que se pararon y pasaron a expedientes electrónicos”, indicó Salazar.

También consideró que las acciones judiciales de Pintos para hacerse de información presuntamente negada por la IMM también le “causan gracia”. “La acción judicial es para crear una noticia, no porque realmente le interese. En el municipio la información se obtiene fácilmente y además esta administración instrumentó el expediente electrónico para que estuviera en la página web a disposición de cualquiera.”

“El expediente electrónico está hecho para tener acceso, salvo sumarios o investigaciones administrativas. Pero si uno está todos los días metiendo una solicitud en el municipio de cosas que además están en la web, genera una distorsión en el municipio y desnaturaliza la ley de acceso a la información”, opinó.

INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES

Salazar enfatizó que al asumir la administración frenteamplista, encontró que varios concesionarios de paradores habían incumplido los contratos de licitación con la Intendencia y que esto obligó a las nuevas autoridades a iniciar diversas acciones legales para recuperar el dinero perdido.

“Desde que empezamos, en todas las licitaciones se exige el depósito de fiel garantía y cumplimiento. Los que no cumplieron este año se van a cobrar, sin embargo en los incumplimientos del año pasado no hay garantía por lo cual iniciamos los juicios”, explicó. Añadió que, por primera vez en la historia de la intendencia, se iniciaron juicios para cobrar incumplimientos.

A modo de ejemplo, citó el caso del parador El Pacha, otorgado entre otros al conocido dirigente del Partido Nacional, Carlos Figueredo. Ese parador “no había pagado canon y que tenía la obligación de hacer 79.500 dólares en obras y no hizo ninguna. Debía casi millón y medio de canon y no había pagado nada y le habían permitido registrar la garantía de fiel cumplimiento”, recordó Salazar, al mencionar los motivos por los cuales la IMM resolvió entablar una demanda civil. Agregó que el parador quedó en tan mal que hubo que tirarlo abajo.

“El Pacha fue objeto de una investigación administrativa porque la administración devolvió la garantía de cumplimiento de contrato cuando éste estaba absolutamente incumplido. La investigación determinó que los funcionarios que habían dado la orden ya no estaban. Fue una resolución de Antía, por lo cual no se pudo hacer sumario. Ningún funcionario fue sancionado porque en realidad fueron altos jerarcas que no estaban más en el municipio”, indicó Salazar.

También citó el caso de otro parador de la parada 30 de la brava, por una licitación de 2003 que era por un año y fue prorrogada hasta el final del gobierno blanco. “No pagó 217 mil pesos y tampoco hizo las obras a las que se comprometió. Al final de la administración el parador se incendió y el concesionario, que era argentino, no puso garantía de cumplimiento.” También en este caso se le entabló un juicio, aunque se desconoce si el hombre tiene propiedades en Uruguay con las que pueda responder.

“Hay casos en que se dieron servicios sin licitaciones a determinada gente. Como el alquiler de lanchas otorgado al hijo de un director municipal, que no pagó absolutamente nada. Ni siquiera se hizo un proceso administrativo como correspondía”, añadió Salazar.

En este perÍodo también se entabló juicio a servicios de sillas y sombrillas en Pirlápolis que pagaron el primer año de canon pero no el segundo. Se les reclama ese dinero más la multa y lo mismo ocurrió con una empresa que ganó la licitación para limpiar espacios verdes en Ruta 39.