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La instancia judicial por este caso, se inició el martes pasado, con la comparecencia de un total de 7 personas quienes prestaron sus primeras declaraciones ante el juez penal de 2º turno, doctor Federico Alvarez Petraglia. Según fuentes vinculadas directamente a la causa, el interrogatorio del magistrado ha girado en torno a consultas directas sobre el patrimonio anterior y actual de cada uno, y si se tenía conocimiento del enriquecimiento “exagerado” de alguien entre 2000 y 2005. Todo esto luego de explicar a cada uno el motivo por el cual estaban citados.
Ya declararon Cristian Estela, quien fuera edil suplente electo por la Lista 20008 del PN; Fernando Servetto, quien se desempeñara en la dirección de Paseos Públicos de la intendencia de Maldonado; Jesús Bentacur, director general de deportes de la administración Antía; Miguel Abella, secretario privado del ex intendente nacionalista, y Daniel Chiachio, responsable de Planeamiento de la intendencia de Maldonado; también el arquitecto Javier Alvarez, edil suplente de la Lista 530 del PN durante el anterior periodo, y Sergio Servetto, quien cumpliera funciones durante la administración Antía, en la dirección general de Obras de la comuna.
Para la tarde del jueves están convocados Javier Sena, quien fuera edil y presidente de la Junta Departamental de Maldonado por la Lista 20000, y es también actualmente edil titular, y Jhonn Miller asesor jurídico durante la administración Antía; mientras que sigue sin confirmarse si Diego Trujillo, quien fuera edil suplente también por la Lista 20000 del PN, fue ubicado personalmente para recibir la citación judicial.


MALESTAR POLÍTICO
Solamente Jesús Bentancur dio algunas declaraciones a la prensa sobre la instancia cumplida. El ex director general de Deportes se mostró sorprendido por la citación, pero más aún porque se la entregaron recién el pasado lunes, no dándole tiempo siquiera para contratar un abogado. Bentancur aseguró que todo el mundo sabe cual es su patrimonio, y hasta se sintió avergonzado por estar sometido a una intensa exposición pública “por nada”. Dijo que en sus 53 años en Maldonado, jamás le había ocurrido algo igual, y que todos saben lo que tiene: una camioneta adquirida hace 11 años, un caballo más viejo aún, y su casa.
Otros indagados solamente comentaron que esta instancia es un verdadero “circo”, al tiempo que se mostraron sorprendidos por haber sido citados por algo que no saben de que se trata, y adelantaron que personal y políticamente, saldrán más fortalecidos luego de todo esto.
Varios de los abogados patrocinantes, dieron disímiles puntos de vista sobre el asunto, aunque coincidieron en señalar que en este caso, se “invirtió la carga de las pruebas”, ya que nadie fue citado como denunciado por la comisión de algún delito, sino a la inversa, en carácter de inocente para ser investigado por si puede haber cometido un delito.


LEGISLADORES AL MARGEN
Entre tanto, FM GENTE pudo confirmar que por el momento ni los dos diputados blancos del departamento ni el propio Senador Antía serían citados a declarar, al menos en esta primera instancia.
Fuentes confiables, explicaron que eso no está previsto ya que no existe ninguna acusación, y en ese marco, es absolutamente innecesario y hasta improcedente, solicitar a cualquiera de las cámaras el retiro de los fueros parlamentarios.
Recordamos que, el diputado doctor Federico Casaretto, fue edil y presidente de la Junta Departamental durante el anterior periodo de gobierno, en tanto que el diputado Nelson Rodríguez, ocupó el cargo de director general de Obras de la intendencia de Maldonado.
Respecto al Senador Antía, nada indica que él pueda ser citado en esta primera ronda de interrogatorios que abarca a una decena de personas de su círculo más cercano entre los años 2000 y 2005.


LA HISTORIA DE UN JUICIO TRUNCO
El Senador de la República y ex intendente municipal de Maldonado, ingeniero Enrique Antía, anunció en conferencia de prensa que dejaba sin efecto la denuncia penal por difamación e injurias que le había entablado a comienzos del año 2006 al actual titular de la comuna, Oscar De los Santos, porque la justicia no le ofrecía garantías y se pretendía involucrar a gente que nada tiene que ver con el caso. “Lamentablemente y vista en este caso la falta absoluta de garantías en la justicia de mi país, en el día de hoy he presentado al juzgado actuante mis declaraciones patrimoniales que incluyen todos los bienes y cuentas bancarias del año 2000, 2002, 2004 y 2006 conforme a la ley, y he desistido de continuar con las acciones judiciales”.
La denuncia del Senador Antía, fue presentada ante el juzgado de 5º turno de Montevideo -que luego pasó a la sede de 7º turno-, el miércoles 18 de enero de 2006 luego de declaraciones que consideró fueron “difamantes”, realizadas por el intendente municipal Oscar De los Santos en un semanario de tiraje nacional. “Fueron un eslabón más de una campaña de desprestigio que tenía como único objetivo hacerse del poder en Maldonado”, afirmó entonces. En febrero del mismo año, agregó otros elementos ampliatorios a su denuncia.
Antía insistió en que la forma en que se fueron sucediendo los hechos posteriores a la presentación de su demanda, le quitaron garantías para continuar con el proceso por él iniciado, y que de alguna manera, de denunciante pasó a ser denunciado al igual que una veintena de allegados a su gestión.
Dijo que “a mi denuncia original, el señor De los Santos solicita como prueba de su defensa que declaren y que se le levante el secreto bancario, no a mi y a mi señora que es aceptable, sino a un conjunto de veinte personas, sus cónyuges y concubinos que nada tienen que ver con los actos”, y remarcó que es obvio “que se pretendía llevar el asunto a terceras personas y así en la justicia mantener la campaña de desprestigio y desvirtuar el juicio, manejando los tiempos y haciéndolos coincidir con distintas instancias políticas”. Agregaba que desde su punto de vista, el proceso “lamentablemente no ha garantizado los derechos del compareciente; más aún, a nuestro juicio el proceso ha derivado hacia violaciones notorias de la forma y el procedimiento legal, lo cual torna irrisorios tales derechos en beneficio exclusivo del denunciado”.
El ex intendente de Maldonado presentó un recurso insistiendo en que De los Santos debería probar sus dichos “y mostrara como me había enriquecido; lamentablemente el Tribunal demoró nueve meses para finalmente pronunciarse simplemente por una cuestión de forma, expresando que no tenía competencia, y no pronunciándose sobre el fondo del asunto que era justamente ordenar el proceso. Todos estos episodios relatan una suerte de inversión en la carga de la prueba, donde el denunciante, y ya no solo él, sino un conjunto de veinte personas y sus cónyuges, deben demostrar su inocencia”, señaló.
La denuncia de Antía fue archivada por la jueza Graciela Gatti, pero posteriormente, la fiscal Olga Carballo solicitó a la magistrada la remisión de todos los antecedentes del caso a una dependencia judicial en Maldonado, para que se investigaran los hechos denunciados “o insinuados” por De los Santos, que se refieren al presunto enriquecimiento ilícito de dirigentes y jerarcas vinculados a la anterior administración municipal.
El voluminoso expediente, ingresó a la sede penal de 2º Turno, a cargo del doctor Federico Alvarez Petraglia, quien hace algunas semanas libró las citaciones al comienzo mencionadas.

Redactado: R.A.