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La jerarca comunal se reunió este lunes con la comisión de vecinos de La Capuera que trabaja, junto con la Intendencia de Maldonado, en la regularización de terrenos ocupados. Consultada por FM Gente, dijo que está “muy preocupada” porque siguen llegando nuevas familias y se han producido enfrentamientos entre los vecinos que protegen los predios a regularizar y han expulsado, a la fuerza, a nuevos ocupantes ilegales.

“Maldonado tiene un problema realmente muy difícil con la llegada de gente a ocupar tierras. Es permanente, es un problema grave. La solución de fondo está en se puedan generar polos de desarrollo en otros puntos del país, porque en definitiva la gente llega en busca de trabajo”, consideró.

Por otra parte, Salazar informó la empresa propietaria de los terrenos ocupados fue intimada a presentar los certificados de propiedad de aquellos que serán entregados a la intendencia. La intención, indicó la directora, es realizar en simultáneo la escritura por la cual la comuna se hará propietaria de los predios, firmar el contrato del convenio para el pago de la deuda de Contribución Inmobiliaria por 60 cuotas y que también los primeros vecinos puedan firmar su compromiso de compraventa.

PREFESIONALES ACUSADOS

La directora de Asuntos Legales también afirmó en el Balneario Buenos Aires hay escribanos y agrimensores que “engañan a la gente vendiendo determinada información”. A su juicio, la situación es grave ya que “los escribanos hacen certificados de derechos posesorios y los agrimensores hacen planos y los inscriben en el registro (catastral)”.

“Eso se lo venden a la gente, y la gente se cree que con eso podrá estar tranquila en ese terreno. Lo que tienen que saber es que están ocupando un terreno ajeno. Y que por más que paguen la Contribución Inmobiliaria y que haya alguien que les haga un papel diciendo que son poseedores, en realidad tienen que poseer durante 30 años de manera continua, pacífica y pública y mientras no se cumpla ese período el propietario puede aparecer en cualquier momento, iniciar un proceso de desalojo, y desalojarlo”, advirtió.

Otro tema que, a su juicio, genera confusión es que Ley de Ordenamiento Territorial dispuso una prescripción de cinco años, pero exige una serie de características muy específicas. Recordó que el artículo es tan “específico”, que ha generado discusión a nivel de los gremios de abogados, escribanos y agrimensores porque tiene “tantos vericuetos” que dificulta su aprobación.

“Hasta ahora no ha salido una sola sentencia de prescripción. La gente debe tener cuidado, no malgastar su dinero y saber que si ocupa un terreno en cualquier momento puede aparecer el propietario y desalojarlo”, insistió.