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El ministerio de Turismo procura corregir este problema, teniendo en cuenta que un 8% de la población sufre algún tipo de discapacidad y que, dado el envejecimiento de los uruguayos, en unas décadas aumentará notoriamente la cantidad de personas sin autonomía motriz.

“Pensar en una legislación común quiere decir que los propios legisladores tienen que prestar atención al tema y tener la preocupación. Eso es un problema cultural, no sólo de infraestructura”, consideró Liberoff.

Entiende que es un asunto de interés general, no sólo turístico. Pero no pierde de vista que casi todos los discapacitados o sus familiares dejan de lado la idea de salir de vacaciones por falta de sitios que les garanticen accesibilidad.

“No solo es un problema de infraestructura física. Por ejemplo, es la necesidad de coordinar la atención médica en una zona, como por ejemplo la cantidad de profesionales dedicados a temas que hagan a la relación con personas con discapacidades o con edades mayores”, observó.

Así que, si bien la iniciativa ministerial apunta a mejor la calidad de vida de todos los ciudadanos, también sabe que un país que piensa en la población discapacitada tiene más probabilidades que otro de ser elegido como destino turístico. Por eso, desde 2007 se aplica en Atlántida un proyecto estratégico a 20 años, con un plan director en la materia.

“Entre el 7% y el 8% de la población tiene algún tipo de discapacidad y el turismo es un derecho humano y hay que buscar los caminos para lograr la mayor inclusión en el sector”, enfatizó Liberoff.
Entre otros rubros como la hotelería o la gastronomía, el gobierno mira la evolución del turismo de Cruceros.

“Los discapacitados no piensan en hacer turismo porque no tienen las facilidades en el lugar a donde piensan ir. Es el caso de los cruceristas mayores de 70 años que tampoco son contemplados. Uruguay desarrolla la actividad de cruceros y es significativo atender estos problemas de forma prioritaria”, consideró.

¿QUÉ ESTÁ FALTANDO?

Liberoff anhela que los hoteles tengan una cuota de alojamiento para personas discapacitadas, que los futuros edificios públicos faciliten la accesibilidad y que también se contemple este aspecto en los planes de desarrollo urbanístico.

Semáforos para ciegos con aspectos sonoros, guías turísticas con conocimiento de lengua de señas, personal entrenado para atender a personas añosas o sin autonomía motriz, ómnibus con acceso para sillas de ruedas.

Se estima que dentro de 15 años, la cuarta parte de los uruguayos tendrá algún tipo de dificultad de accesibilidad. Mientras espera que las intendencias se hagan cargo y unifiquen criterios, el Ministerio de Turismo financia la mitad de las modificaciones edilicias a quienes se proponen un servicio inclusivo.