“Buscamos no perder el objetivo de que Uruguay necesita fomentar el turismo, que es una de sus principales fuentes de ingreso del país. Intentamos tener una regulación que le permita a todos quienes participan del mercado igualdad, reglas de juego, seguridad, tranquilidad y justicia a la hora participar en el negocio turístico”, explicó.
También remarcó que el mercado de tarjetas de crédito en Uruguay está dominado por no más de cuatro firmas, que operan sin reglamentación. Por eso explicó que su proyecto es “cortito y contundente” y apunta a reglamentar el porcentaje que la tarjeta cobra al operador turístico.
A modo de ejemplo, dijo que en la actualidad “la tarjeta tiene cobros diferenciales, según empresas. A unas les cobra entre el 6 y el 7% y a otras, que han tenido mejor negociación, les cobra el 3%. Eso hace que no la competencia por el servicio turístico, no el desarrollo de la empresa, simplemente una negociación con el operador de la tarjeta de crédito, una diferencia en la competencia, en el mercado y en las posibilidades de ganancia”.
Por otra parte propone reglamentar que siempre se beneficie al consumidor. “Pusimos expresamente que todo aquel beneficio que el operador turístico le ofrezca al cliente, siempre y cuando mejore las condiciones que tiene a través de la tarjeta, sea permitido como cualquier otra cosa.”
En cuanto a la regulación del contrato, “ponemos al Banco Central como garante de esos contratos entre ambos sectores y algunos aspectos un poco más técnicos que nos permiten tener reglas de juego claras a la hora de pensar en el desarrollo de las distintas actividades turísticas en el país.