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El doctor Luis Gallo entiende que el anterior proyecto para despenalizar el aborto (aprobado por el Senado y vetado por el presidente Tabaré Vázquez) era mejor que el acordado con el diputado Iván Posada del Partido Independiente y que el martes logró media sanción en Diputados.

Le preocupa la obligatoriedad de que un comité médico asesore a la mujer antes de interrumpir voluntariamente su embarazo, porque podría poner en riesgo la confidencialidad y la privacidad de las pacientes en poblaciones de pocos habitantes.

“Desde el punto de vista práctico no parece muy saludable, menos en un pueblo chico, que una señora tenga que ir a su ginecólogo y al otro día esté frente a un tribunal. Por eso no nos gustaba esa idea porque, desgraciadamente, cuando eso empieza a correr va por el lado de hacerse el aborto clandestino”, observó.

"NO HABRÁ MENOS ABORTOS"

Gallo agregó que si bien rechaza el aborto, entiende que las mujeres tienen el derecho de decidir y por eso promueve la despenalización. "Sobre todo cuando uno, como médico, ve las atrocidades que día a día se cometen y la cantidad de abortos clandestinos que hay y las complicaciones que eso tiene", comentó el cirujano pediátrico.

A diferencia del Presidente de la República, José Mujica, Gallo no cree que la despenalización disminuya los abortos. "No van a disminuir la cantidad de abortos porque quien llega a esa comisión para interrumpir el embarazo está determinada a hacerlo". Más bien considera que la despenalización mejorará las condiciones de las mujeres que optan por esta práctica pero tampoco se opone a que la población tenga la última palabra al respecto: “no me voy a oponer a que la ciudadanía se exprese en un plebiscito, porque el tema atraviesa a todos los cortes políticos”.

TODOS LISTOS

Gallo sostuvo que todos los prestadores de salud pública y privada están en condiciones de cumplir con la obligación de asesorar a las mujeres, tan pronto se apruebe la ley. Esto es porque desde que asumió la Junta Nacional de Salud se propuso que tanto hospitales como mutualistas cuenten con los servicios de Salud Sexual y Reproductiva aprobados en la ley vigente en esa materia, explicó.

“En la actualidad, todas las instituciones del país públicas y privadas tienen conformado su servicio de Salud Sexual y Reproductiva, ya tienen conformado el equipo” multidisciplinario que propone el proyecto de ley sancionado en Diputados, sostuvo el presidente del organismo que deberá controlar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Afirmó, asimismo, que todas las instituciones deberán practicar abortos a pedido de las pacientes que pasen por el comité profesional, sea en forma directa o indirecta. “Existe la objeción de conciencia para los profesionales de la salud pero no para las instituciones, que no tienen conciencia sino idearios”, precisó.

“Las instituciones que tengan problemas de idearios pueden subcontratar o tercerizar sus servicios dentro del marco normativo vigente. Una institución que no quiera llevar adelante la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo tiene que contratarlo con otra, porque todas las usuarias tienen que tener ese servicio”, enfatizó.

DIFICULTADES DE APLICACIÓN

El presidente de la Junasa prometió un férreo control del cumplimiento de la ley, una vez que se apruebe en el Senado, para garantizar que todas las mujeres tengan acceso al servicio en el subsector público y privado. Pero también reconoció que la ley tendrá “dificultades” de aplicación en el interior y en la zona rural.

No sólo es el temor de la mujer a ser juzgada por sus intenciones sino también por una cuestión de "accesibilidad que suele ocurrir cuando se instaura un nuevo servicio", opinó el médico. En cualquier caso, consideró que esto podrá subsanarse paulatinamente y no llegará a hacer "un crack" en el sistema.

(foto: Luis Gallo / Presidencia de la República)