Facebook Twitter WhatsApp

Tras horas de consultas y reuniones, tanto en el Ejecutivo como en el propio Legislativo, la Comisión de Presupuesto puso a consideración del plenario dos informes, uno en mayoría, firmado por los ediles frenteamplistas y el colorado Daniel Tejera y otro en minoría, firmado por los curules del Partido Nacional.

Si bien los tres partidos concordaban en aceptar algunas observaciones, hubo discusión y fuertes cruces de argumentaciones políticas cuando se trataron las relativas al déficit, la autorización para contraer préstamos, las partidas salariales para funcionarios y la de vivienda. Los blancos, por ejemplo, aceptaban la observación del TCR a la autorización para contraer préstamos durante el período de gobierno, sin la anuencia puntal de la Junta para cada caso, pero el Frente Amplio no quiso ceder posiciones en este tema y fue una de las observaciones que rechazó de plano.

Finalmente, sobre la una de la mañana, se sometieron a votación los informes que diferían, básicamente, en cuanto a las observaciones a aceptar y las que no. Bastaba con que la mayoría de la Junta rechazara una sola para que el proyecto de presupuesto se tuviera que enviar al parlamento, extremo que se concretó al votar la mayoría de los ediles el rechazo a distintos aspectos expresados en el dictamen del TCR.

Ahora se abre la instancia prevista en el artículo 225 de la Constitución por lo que será el parlamento quien dirima el futuro del presupuesto quinquenal de gastos e inversiones. (Art. 225: “Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las discrepancias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado”).

Esta es la segunda vez que la Asamblea General recibe un presupuesto del departamento de Maldonado. La primera vez fue en el año 2002 cuando el entonces Intendente Enrique Antía envió a la Junta una modificación presupuestal que incluía una rebaja salarial para los funcionarios.

Aprobada por la Junta en una polémica sesión, la modificación fue elevada al TCR que la devolvió observada. En una extraordinaria el 14 de junio de 2002, la Junta no aceptó esa observación del Tribunal de Cuentas y la envió al Parlamento. Vencido el plazo de cuarenta días, la Asamblea General no se pronunció y la modificación propuesta por Antía quedó firme.


L. D.