Al tiempo que informaba que el Consejo de Educación Secundaria abrió una investigación administrativa para dar curso a una denuncia de profesores del liceo de San Carlos contra su directora, el representante de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, Fenapes, José Olivera, exigió por los micrófonos de FM Gente que quienes instruyen la investigación adopten el punto de vista sindical.
Olivera dijo que “debemos exigir las mejores condiciones, las mejores prácticas en término de respeto a los derechos humanos, en término de respeto a la normativa vigente, que es lo que está faltando en este centro educativo a partir de las prácticas que lleva adelante la señora directora de este centro educativo”.
Unos segundos antes, en la misma entrevista, el sindicalista había informado a la audiencia de FM Gente que “el Consejo de Educación Secundaria acaba de tomar como resolución iniciar una investigación administrativa que da un plazo máximo de 10 días para que se eleven los antecedentes ante el propio Consejo que determinará o no la instrcción de un sumario”.
Según el representante sindical, se obtuvo la disposición de 45 docentes y funcionarios del liceo de San Carlos dispuestos a respaldar su denuncia contra la directora de la institución, a la que acusan de adoptar posiciones autoritarias con ellos y con el alumnado.
MIENTRAS AGUARDAN, DICEN LO SUYO
“Aguardamos en principio la resolución del Consejo con este plazo que planteó para la investigació administrativa; los compañeros del núcleo sindical, en el marco de lo que son las movilizaciones de la Federación vienen trabajando en un conjunto de acciones para dar difusión a la sociedad de San Carlos sobre el estado de situación de la denuncia que se ha formulado”, amplió.
Dijo, ahora sin aguardar la resolución del Consejo, que “hay condiciones para trasladarle a la sociedad de San Carlos cual es el verdadero estado de situación en el liceo de San Carlos, de quienes son las responsabilidades de que esta situación se esté generando y sobre todo exigir que se destierren estas prácticas de la actividad educactiva”.
“Obviamente que si conceptualizamos la educación como un derecho humano fundamental, que compromete al conjunto de la sociedad, aquí hay que informar a todos los actores, estudiantes, padres, funcionarios, el vecino, el trabajador en general, porque en definitiva estamos hablando de una institución pública donde la sostenemos entre todos a través de los aportes que hacemos como ciudadanos”, enfatizó.
TENEMOS EL MANDATO, NO PODEMOS ADMITIR
Olivera aseguró que “tenemos el mandato expreso del último congreso extraordinario de la Federación (de profesores) de dar un total apoyo y respaldo a la acción que vienen llevando los compañeros que conforman el núcleo sindical del liceo de San Carlos ante una situación que consideramos extremadamente grave”.
“Esto llevó a que el 22 de mayo presentáramos una denuncia administrativa a nivel de Consejo de Educación Secundaria contra la directora del liceo, Rosita Navarro, por un conjunto de situaciones que creemos hay que desterrarlas definitivamente de las instituciones educativas públicas porque son un instrumento clave en la conformación y en la formación democrática de la sociedad”, volvió a opinar.
Dijo, en lo que se pareció más a una posición tomada que a la espera de la investigación competente, que “no podemos admitir, por lo tanto, que tengamos directores, como en este caso, que incluyen en su práctica cotidiana el acoso laboral, la persecución, la discriminación, el maltrato hacia funcionarios, docentes, alumnos, que cometen un conjunto de irregularidades administrativas sin que desde la administración se tomen cartas en el asunto”.
“La Federación, a partir de un fuerte apoyo expresado en su instancia máxima, su congreso, ha decidido con mucha fuerza impulsar y apoyar la denuncia que desde aquí se está formulando”, completó.
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