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Tejera abogó, inicialmente, por bajar la imputabilidad de los infractores “a 15 años de edad y las medidas de privación de libertad a menores de 15 a partir de los 12 años, en casos concretos y de acuerdo al delito cometido”.

Opinó que “un menor que sabe disparar un arma con la finalidad de matar para cometer una rapiña es lo suficientemente adulto para pagar por lo que hizo, nadie es dueño de llevarse la vida de nadie. Todo el que cometa un homicidio sea mayor o menor debe de ir preso”.

También consideró que es necesario derogar el Art. 222 de la Ley 17.823, “que permite destruir los antecedentes penales de los menores al cumplir 18 años de edad, o al cese de la medida. No es justo para la sociedad que un delincuente con reiterados delitos de homicidio, rapiñas, violaciones y copamientos, al cumplir 18 años quede sin antecedentes penales como si nada hubiera pasado”.

El edil entiende que este tipo de políticas deberán ser complementadas con “institutos que atiendan a los menores delincuentes, separados del INAU y de cárceles para mayores, donde los mismos tengan la obligatoriedad de estudiar y aprender un oficio”. Aseguró que no se trata de “un tema político” sino exclusivamente humano y la sociedad que, cada vez más, reclama soluciones.

En este sentido, Tejera consideró que la Intendencia Departamental de Maldonado tiene infraestructuras como para crear un instituto de rehabilitación para delincuentes juveniles, separados de las cárceles para mayores y del INAU”. Un lugar que en su opinión podría ser apto es el ex mercado agrícola ubicado en Ruta 39: “con muy poco gasto se puede acondicionar perfectamente y darle ese destino”. También considera que el mismo destino se les puede dar a “algunos centros comunales que tienen actividades reducidas”.