Facebook Twitter WhatsApp

Uno de los hombres, de iniciales J.M.A.S, fue remitido a prisión por un delito continuado de proxenetismo en reiteración real con un delito de trata de personas en la modalidad de reclutamiento con fines de explotación sexual. El sujeto tiene 51 años y manifestaba ser "relacionista público", aunque quienes se desempañan en ese ramo, negaron que efectivamente desarrollara esa actividad aunque se lo veía en eventos y fiestas de la noche de Punta del Este.

Otro hombre, de unos 40 años e iniciales R.R.D, también fue procesado con prisión por un delito continuado de proxenetismo en reiteración real con un delito continuado de contribución a la explotación sexual de menores.

En tanto, una mujer de iniciales O.M.D de 67 años fue procesada sin prisión por lavado de activos.El "relacionista público" residía en Montevideo, pero se movía con una amplia agenda de contactos en Punta del Este, donde tenía su ámbito de acción en temporada, donde colocaba mujeres a U$S 1.000 el encuentro.-

CRONICA EN LA WEB

El portal Causaabierta publicó otros detalles de este caso al conocerse el auto de procesamiento de la jueza actuante:

Un conocido agente de modelos argentino es la otra pieza clave de la investigación en torno a la red de prostitución VIP. El representante era un poderoso “aliado” de negocios de los uruguayos ya encarcelados.

La relación entre el “Negro José Miguel” A.F. y el empresario argentino L.S. quedó establecida en la primera fase de la investigación desarrollada por los agentes de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol.

De hecho, tres de los testimonios centrales para la jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti, dan cuenta de una orgía organizada por el empresario con el concurso del proxeneta uruguayo. Ello permitió a la magistrada librar una orden internacional de captura contra el empresario argentino, que en enero alquiló dos casas en Manantiales.

El extenso fallo judicial sobre el procesamiento del “Negro” J.M.A.F., así como de R.R.D. alias “Daniel” y su madre, da cuenta del papel que el empresario del país vecino, que identifica con las iniciales L.S., tenía en estas operaciones.

Al describir las acciones de “El Negro José Miguel” el documento judicial indica que “lo que hacía era captar jóvenes, de muy buena presencia, con ansias de ser modelos, a las que prometía promocionarlas como tales y hacerlas participar en desfiles, eventos y hasta en televisión, haciendo valer siempre sus contactos con L.S., titular de una agencia de modelos argentina que cuenta con modelos de renombre o que al menos aparecen en programas de televisión”, establece el fallo.

El acuerdo entre “El Negro José Miguel” y L.S. era desigual, pero beneficioso para ambos.

En ocasiones, cuando “El Negro José Miguel” podía organizar un desfile L.S. le proporcionaba una modelo de cierto renombre de su staff y con ello el uruguayo podía mantener su pantalla en funcionamiento.

“Otras veces los clientes eran aportados por L.S., que conocía a empresarios de muy buen nivel adquisitivo dispuestos a pagar US$ 1.500 y US$ 3.000 por mantener relaciones sexuales con modelos”, señala la sede judicial.

La investigación del Departamento de Vigilancia de la unidad policial especializada llegó a probar que, al menos en una ocasión, J.M.A.F. proporcionó a su vez tres chicas que viajaron engañadas a Buenos Aires para terminar en una orgía.

Tres de las veinte jóvenes que prestaron declaración en la sede judicial relataron ese episodio. Dos de ellas se habían vinculado con “El Negro José Miguel” a través del “servicio de acompañantes” que R.R.D. manejaba en Montevideo. Habían llegado a él con la ilusión de abandonar la prostitución para siempre y convertirse en modelos, que era su sueño.

Las tres viajaron a Buenos Aires. La idea era que L.S. había coordinado dos presentaciones para ellas: primero en una discoteca porteña muy conocida, y luego para un desfile en Las Leñas, una célebre pasarela en la provincia de Mendoza. Pero cuando llegaron a Buenos Aires las cosas cambiaron rápida y dramáticamente.

“Llegó L.S., las evaluó físicamente y allí les dijeron que no irían al desfile sino a una fiesta, donde deberían mantener relaciones sexuales con hombres. Estas (las tres jóvenes) si bien accedieron en ese momento, no sabían que la supuesta fiesta era en puridad una orgía, organizada en una especie de galpón en la zona de Palermo, donde según relatan en forma coincidente, había muchas más mujeres que hombres, camas por todos lados, a la vista, para practicar sexo a la vista de todos y donde se practicaba sexo grupal o shows eróticos”, señala el relato recogido en el fallo.

Antes de entrar al galpón un empleado de la agencia de L.S. les dio US$ 300 a cada una de las chicas “con lo cual se sintieron obligadas a quedarse”. Las jóvenes relataron que uno de los participantes de la fiesta se “apiadó” de ellas y de ese modo consiguieron evitar la orgía. Cuando más tarde le relataron sus penurias a “El Negro José Miguel” éste terminó manipulándolas de tal forma que incluso les exigió parte del dinero que habían recibido.

Las testigos relataron que se enteraron en el lugar de que a los clientes L.S. les cobraba unos US$ 3.000 por participar de la orgía y a sus modelos les pagaba la suma de US$ 1.000.

Tanto la unidad especial de la Policía, como la jueza especializada esperan ahora poder interrogar a L.S. en persona.

Es la segunda vez que se aplica el delito de “trata de personas”, previsto en la Ley 18.250, vigente desde el 6 de enero de 2008. El mismo es parte del extenso articulado sobre normas de migración en general.

La primera vez que se aplicó fue en un caso de narcotráfico investigado en 2009 por la Policía Antidrogas, la Operación Monroe. El fallo lo aplicó la entonces titular del Juzgado de Ciudad de la Costa, la jueza Mariana Mota y el fiscal Gilberto Rodríguez.

“Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría”, establece el Artículo 78 de la citada Ley.