Las dos aulas móviles que estaban destinadas al centro educativo fueron destinadas a otra institución, a pesar de haber sido aprobadas para la Escuela Rosalía De Castro. La situación que está viviendo la única escuela de Maldonado que atiende a escolares con discapacidad fue planteada al Instituto de Derechos Humanos.
La edila del Frente Amplio, Ana Antúnez, denunció este martes en el plenario de la Junta Departamental que fue archivado el expediente con el proyecto creado para brindar una solución a estudiantes de la Escuela N° 79.
Los alumnos de 4° y 5° año de ese centro escolar tienen clases en salones de difícil acceso, ubicados en el segundo piso. Los escolares deben subir una escalera inclinada y algunos de ellos tienen movilidad reducida, uno de los chicos se traslada en silla de ruedas.
Por esta razón, en el año 2022, la escuela presentó un proyecto que elaboró junto a la comunidad y a la arquitecta residente, donde se plantea la dificultad de accesibilidad y se propone la adquisición de dos aulas móviles.
De acuerdo a lo que informó Antúnez, en febrero de 2023 se aprobó el envío de esas aulas a la escuela 79 y la resolución fue comunicada a la institución y a las familias.
Paralelamente a esta petición, el Municipio de Maldonado, la Intendencia y Anep, firmaron un convenio para el programa de inclusión Continuidad Educativa, que es un anexo de la Escuela 79 y está destinado a sus egresados.
Ese convenio permitió que Continuidad Educativa tuviera su propio espacio físico ya que le fue cedido el salón comunal del barrio Lausana.
Además, se le asignaron las dos aulas móviles que estaban destinadas a la escuela y que no habían sido solicitadas en el convenio. “En este convenio jamás se nombró ni pidió aulas móviles. Simplemente se estaba pidiendo el uso del salón comunal, no quiere decir que no las necesiten, sino que no fue solicitado como corresponde”, puntualizó Antúnez en su exposición.
“Resulta que nadie sabe cómo puede ser que esas aulas terminen en otro lugar cuando era un proyecto que tenía todos los avales y permisos”, reclamó la curul.
“Las familias lo único que piden es tener un aula para que sus hijos puedan estudiar. Estamos hablando que los alumnos de 4to y 5to año de la escuela están trabajando en depósitos”, añadió.
Antúnez denunció que el expediente fue archivado y que para volver a solicitar las aulas móviles “la escuela tiene que pedir que reabran el expediente o volver a hacer toda una solicitud, con todo lo que ello implica”.
“Nuevamente no se le está brindando (a los estudiantes) la atención que necesitan. Estamos hablando de la única escuela especial del departamento”, manifestó.
“De acuerdo a la ley 18.651 de protección integral de personas con discapacidad, todo estudiante tiene derecho a contar con un aula adecuada que garantice accesibilidad e igualdad de condiciones sin barreras físicas, más aun tratándose de la única escuela de educación especial de la ciudad de Maldonado”, concluyó.
La situación fue planteada a varias instituciones: Instituto de Derechos Humanos, Corporación Nacional para el Desarrollo, Comisión de Educación del Parlamento, Intendencia de Maldonado, Anep y Codicen, y también a los diputados y senadores de Maldonado.