La campaña “Deja de colaborar” apunta a dar visibilidad al tema de la explotación sexual (comercial o no) sobre niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Procura “generar herramientas de capacitación para que aprendamos a ver e identificar el problema como una situación de explotación, y generar acciones para que el tema se instale en la agenda institucional, política y social”, señaló Prego a FM Gente.
Añadió que, en general, no se ve ni el sufrimiento de las víctimas ni se considera a los explotadores como tales. “De alguna manera colaboramos con la situación: no viendo, naturalizando, no prestando atención, no poniendo desde el Estado los recursos necesarios” para atacar el problema”, señaló.
Prego lamentó la falta de datos estadísticos para abordar el problema desde las políticas públicas. “Es un grave problema porque en general la política pública necesita cifras para construir programas de atención, identificar los recursos reales que se deben aportar para la solución del problema. El gobierno debe generar esas cifras a nivel general, desde la investigación policial, de la Justicia. También es un tema que a nivel de la academia no se toca y no ha promovido investigaciones en esta temática”, graficó.
La activista remarcó que existen varias modalidades de explotación. El turismo sexual es una de ellas y aunque se sabe que hay ofertas no se registran denuncias formales. “Desde lo que se conoce de operadores sociales hay en turismo de termas, en turismo rural, en playas de Maldonado y Rocha”, comentó, aunque admitió que no existen estudios puntuales sobre este delito en Punta del Este.
La filmación de pornografía de niños y niñas para intercambiar con otros países, constituye otra de las modalidades de explotación en Uruguay. Pero tal vez la que más preocupa, porque es más difícil de combatir, son los denominados “acuerdos de pareja”. “Mayores con condiciones económicas más favorables generan acuerdos con la familia. Ofrecen una ayuda económica a cambio de la utilización de la niña y el adolescente como pareja”, explicó Prego.
En su opinión, se trata de una situación compleja y preocupante a nivel nacional y que requiere una participación más activa del Estado. De lo contrario, sería “sostener una violación de derechos humanos en el país y limitar la intervención”, enfatizó.
Añadió que, en general, no se ve ni el sufrimiento de las víctimas ni se considera a los explotadores como tales. “De alguna manera colaboramos con la situación: no viendo, naturalizando, no prestando atención, no poniendo desde el Estado los recursos necesarios” para atacar el problema”, señaló.
Prego lamentó la falta de datos estadísticos para abordar el problema desde las políticas públicas. “Es un grave problema porque en general la política pública necesita cifras para construir programas de atención, identificar los recursos reales que se deben aportar para la solución del problema. El gobierno debe generar esas cifras a nivel general, desde la investigación policial, de la Justicia. También es un tema que a nivel de la academia no se toca y no ha promovido investigaciones en esta temática”, graficó.
La activista remarcó que existen varias modalidades de explotación. El turismo sexual es una de ellas y aunque se sabe que hay ofertas no se registran denuncias formales. “Desde lo que se conoce de operadores sociales hay en turismo de termas, en turismo rural, en playas de Maldonado y Rocha”, comentó, aunque admitió que no existen estudios puntuales sobre este delito en Punta del Este.
La filmación de pornografía de niños y niñas para intercambiar con otros países, constituye otra de las modalidades de explotación en Uruguay. Pero tal vez la que más preocupa, porque es más difícil de combatir, son los denominados “acuerdos de pareja”. “Mayores con condiciones económicas más favorables generan acuerdos con la familia. Ofrecen una ayuda económica a cambio de la utilización de la niña y el adolescente como pareja”, explicó Prego.
En su opinión, se trata de una situación compleja y preocupante a nivel nacional y que requiere una participación más activa del Estado. De lo contrario, sería “sostener una violación de derechos humanos en el país y limitar la intervención”, enfatizó.
