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Sin embargo, el desalojo no se concretó porque la empresa Maraluz S.A. habría interpuesto un nuevo recurso ante la Justicia. Entre tanto, los gremialistas manifestaron su preocupación por el futuro de los trabajores y no descartan paros en supermercados del grupo Disco si se afectan las fuentes laborales de los empleados de Punta del Este.

La Intendencia había enviado la solicitud al legislativo tras una reunión con representantes de la firma, donde entre otras cosas, se garantizaban los puestos de trabajo en caso de lograr una prórroga hasta marzo de 2012.

Esta mañana el secretario general de la comuna, Gustavo Salaberry, lamentó haber llegado a esta situación y reconoció que no hay más nada para hacer. Así se lo transmitió anoche a uno de los gerentes de Maraluz S.A –la operadora de Super Uno- que se comunicó con él en busca de novedades.

Salaberry confía en que el Poder Judicial sabrá proceder al desalojo de la forma más ordenada y pacífica posible. Recordó que el 1º de junio, un día después de vencer el plazo estipulado por la Junta Departamental para la devolución del inmueble, envió una nota a la empresa para pedirle que designara un representante, a fin de organizar el desalojo.

“No contestaron. Nunca tuvimos respuesta, ni la empresa delegó a alguien para hacer la entrega del bien en forma ordenada”, enfatizó Salaberry. “Esperamos que se haga de la mejor forma posible”, añadió.

También dijo que era “más optimista” respecto al planteo del Ejecutivo para que la Junta habilitara una nueva prórroga. De todas maneras, admitió que sabián que le habían dado un problema.

La incertidumbre reina ahora entre los 46 trabajadores del comercio, que desconocen cuál será su futuro. Si bien el martes pasado la empresa se había comprometido a mantener los puestos y condiciones de trabajo, esto era si la Junta le otorgaba la prórroga hasta marzo de 2012.