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Tras realizar las correspondientes consultas con varios asesores jurídicos - entre los que se encuentran Daniel Hugo Martins, Miguel Loinaz, Gonzalo Aguirre y Álvaro Villegas- los ediles de Renovación concluyeron que “desde el punto de vista constitucional y legal, no existen argumentos jurídicos que otorguen sustento a la mencionada impugnación”. Así lo señalaron en un comunicado emitido luego de evaluar el tema en la noche del miércoles, en una reunión de la que participaron Casaretto y el abogado Álvaro Villegas.

El diputado dijo que está de acuerdo con la postura de los ediles de su sector y recordó que, si bien en otras instancias han impulsado acciones contra presuntas irregularidades surgidas desde el oficialismo, este no es el caso. “Hemos sido estrictos defensores de la ética y de la aplicación de las leyes y la normativa”, dijo Casaretto, y mencionó la denuncia del caso Satenil, otra por la asunción presuntamente ilegal de Enrique Pérez Morad como intendente, o el juicio político a De los Santos.

No obstante, consideró que aun cuando el Partido Nacional pueda ganar tiempo con la impugnación –ésta paralizará la aplicación de la nueva normativa de construcciones durante varios meses- el planteo “no tiene sustento”. Agregó que los ediles consultaron a connotados juristas y “han dicho que eso es insostenible”.

Según lo expuesto por Casaretto, los profesionales le respondieron: “si ustedes con 16 votos dijeron que para aprobar determinadas cosas se precisan 21, con los mismos 16 votos se puede bajar eso a 5, a 10, 16 o 19 votos”. En este sentido, el sector Renovación decidió no acompañar la medida de impugnación que, en un principio, fue propuesta por los ediles de la lista 23 en el legislativo comunal.