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El 10 de octubre del año pasado, a la hora 3:59, funcionarios de Gestión Ambiental de la IDM realizaron un control en un local comercial que funcionaba como bar y pool, de nombre “El Bodegón” y ubicado en Bvar. Artigas y Rafael Pérez del Puerto. Constataron que había entre 25 y 30 personas dentro del local, que funcionaba a puertas cerradas.

Por su parte, los policías que acudieron en apoyo contabilizaron 52 personas que se retiraron por un predio lindero. En esa oportunidad se notificó al responsable, Leonardo Chimuris, el incumplimiento del Decreto 93/20, de la Resolución 1764/20 y de la Resolución 1767/20, y se lo intimó a suspender la actividad en forma inmediata bajo apercibimiento y también la obligación de cumplir las medidas de Covid-19.

Días después, el 25 de octubre, funcionarios de la IDM y policías regresaron a “El Bodegón”, constatando a las 4:30 de la mañana que había aglomeración de personas; en esta ocasión se contabilizaron más de 80 personas en el lugar. Se procedió al desalojo y nuevamente se notificó al responsable, en este caso Diego Gómez, sobre el incumplimiento de las mediadas Covid-19 y se intimó a cesar de forma inmediata la actividad.

En ese momento también se notificó a Gómez que el comercio, que había cambiado de titular en un corto período de tiempo, no contaba con Habilitación de Higiene, ya que sólo se había realizado el inicio del trámite.

Los funcionarios municipales inspeccionaron el local y constataron condiciones higiénicas y edilicias precarias: baños con pérdidas de agua, sin jabón ni papel higiénico, zona de parrillero con techo de hojas de palmeras, paredes de madera recubiertas con PVC, cielorraso de material inflamable, instalaciones eléctricas con observaciones, espacio reducido por colocación de mesa de pool y falta de limpieza en general.

El 24 de enero de este año se volvió a constatar que “El Bodegón” funcionaba a puertas cerradas, que había aglomeración, 48 personas que se ocultaron en distintas áreas de la propiedad mientras demoraban en abrir la puerta a los funcionarios. Tras la intervención policial, las personas comenzaron a retirarse. Se notificó, otra vez, a Diego Gómez sobre el cese de las actividades hasta resolución superior.

El 6 de febrero se repitió una situación similar a las anteriores: a las 4:05 funcionarios municipales constataron actividad en “El Bodegón”, nuevamente a puertas cerradas e incumpliendo con las intimaciones anteriores y con las disposiciones Covid-19. Todo esto además de registrar actividad fuera del horario autorizado. Cuando los funcionarios de la IDM arribaron al lugar se observó la presencia de varios vehículos en el entorno del comercio, por lo que se solicitó apoyo policial.

Mientras esperaban por el apoyo, observaron que ingresaban personas al comercio y que alguien que oficiaba como cuidacoches daba el aviso al Bodegón de la presencia de los inspectores. En ese momento se apagaron las luces del local y no abrieron la puerta a pesar de varios llamados realizados por la policía.

En la primera semana de mayo se constató nuevamente que El Bodegón funcionaba a puertas cerradas. El 8 de mayo, a la 1.30 de la madrugada, inspectores de la IDM se presentaron y una persona se identificó como portero del local. Luego de anunciada la presencia de los funcionarios, se apagaron las luces y se bajó el volumen de la música.

Nuevamente se solicitó apoyo a la policía y mientras, varias personas comenzaron a salir del comercio por un lateral y un terreno lindero. Esta vez se notificó a Leonardo Chimuri el incumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 93/20 y en la Resolución 1878/21, intimando a cesar la actividad en forma inmediata.

Así las actuaciones, se llegó al 15 de agosto cuando personal de la Intendencia se constituyó en El Bodegón, próximo a las 2:10 de la madrugada, constatando nuevamente que el local funcionaba a puertas cerradas, incumplía la Resolución 3943/21 y el protocolo sanitario de bares y restaurantes (uso de tapabocas, respeto del distanciamiento y sobrepasando el aforo permitido), trabajando además fuera del horario autorizado.

Al llegar los funcionarios al lugar se apagaron las luces, se ocultaron las personas en el segundo piso y luego de varios minutos llamando a la puerta apareció el propietario, Leonardo Chimuris.

En la inspección realizada se observó a personas dispersas en distintas áreas de la propiedad, en total 97 personas que se retiraron paulatinamente. Se volvió a Leonardo Chimuris del cese inmediato de las actividades hasta resolución superior.

Finalmente, Chimuris y Gómez tuvieron que comparecer a sede de fiscalía donde, asistidos legalmente, declararon ante el Dr. Sebastián Robles. Explicaron que el propietario era Leonardo Chimuris, que el comercio estaba abierto desde hacía un año, siendo vendida la llave en primer lugar a alguien identificado como “Jaurena” (a quien habían notificado ya funcionarios municipales del cumplimiento de la normativa el 15/08/2020), y luego a Diego Gómez, quien la tuvo hasta marzo de este año, momento en que la titularidad del local volvió a estar nuevamente a cargo de Chimuris.

De acuerdo al fiscal Robles, tanto Diego Gómez como Leonardo Chimuris, menoscabaron la autoridad de los funcionarios públicos, por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo, en reiteradas oportunidades y eso llevó a que fueran formalizados en instancia cumplida en agosto.

Ante esto, y en acuerdo por proceso abreviado, Diego Gómez Gómez se declaró culpable y fue condenado como autor de un delito continuado de desacato agravado. Se le impuso una pena de 7 meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba bajo condiciones entre las que se ordenó que el primer mes cumpliera con arresto domiciliario total y los dos meses siguientes de arresto domiciliario nocturno de 22 a 6 horas.




foto: Dr. Sebastián Robles (youtube fiscalía)