La firma propietaria del edificio “San Lázaro”, sede de los juzgados letrados civiles y de otras reparticiones del Poder Judicial en Maldonado, sostiene que este poder del estado no está siendo desalojado del citado inmueble.
La referida empresa dijo que, por el contrario a varias versiones periodísticas que circulan por estas horas, no existe ningún procedimiento de desalojo.
No existe trámite alguno al respecto y que por el contrario la empresa propietaria del bien llevó adelante en el 2022 una serie de inversiones millonarias tendientes a mejorar las condiciones del edificio para los magistrados y funcionarios que allí prestan funciones.
“Los resultados se aprecian a simple vista recorriendo el inmueble y su entorno”, sostuvo una fuente de la empresa.
El mismo vocero recordó que seis meses antes del vencimiento del contrato la empresa propietaria del edificio San Lázaro invitó vìa telegrama colacionado al Poder Judicial para comenzar a negociar las nuevas condiciones que regirían en un nuevo contrato a partir del vencimiento del actual el 28 de abril de 2023.
Un mes después de enviar el telegrama la empresa propietaria recibió un telegrama del Poder Judicial informándole de que el Poder Judicial quería devolver el inmueble el día del vencimiento del contrato el próximo 28 de abril.
“Por falta de voluntad del Poder Judicial nunca se realizó ninguna reunión para negociar el nuevo contrato a regir a partir del 29 de abril de 2023”, insistió.
Según la empresa, fue voluntad exclusiva de Poder Judicial la decisión de devolver el inmueble al vencimiento de contrato.
La empresa propietaria estimo que el Poder judicial habría conseguido un inmueble de mayor tamaño que el edificio San Lázaro donde podría alojar con mayor comodidad todos los juzgados que se encuentran en el San Lázaro.
Para sorpresa de la empresa, el Poder Judicial en realidad decidió repartir todas las oficinas existentes en el edificio San Lázaro y para eso alquiló varios locales pequeños en diferentes zonas de la ciudad de Maldonado generando un malestar tanto en los funcionarios del Poder Judicial como a nivel de los profesionales que habitualmente concurren a los juzgados y oficinas existentes en el edificio San Lázaro.
“Buena parte de las obras realizadas en 2022 fueron por expreso pedido del Poder Judicial para el mejor funcionamiento de los servicios y que habiendo realizado una obra mucho más importante que la solicitada por el Poder Judicial, para sorpresa de la empresa propietaria y a pesar de haber sido invitados no se interesaron en conocer y conversar las condiciones para un nuevo Contrato de Arrendamiento a regir a partir del vencimiento del existente”, añadió la empresa