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Aldana fue encontrada muerta el 20 de marzo en el arroyo Solís Chico. Su cuerpo apareció en el agua a metros de la playa de Las Vegas. Fue identificada por un tatuaje.

Hace una semana, el caso salió de la Fiscalía de Atlántida y pasó a la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, quien investiga la trama de explotación sexual de menores por parte de 30 adultos.

“Hay una asimetría muy grande entre el adulto abusador y la adolescente”, explicó ayer la fiscal adscripta de Violencia Sexual, Fulvia Fravetto, en la sede de la Fiscalía.

ANGUSTIA

Corría marzo de 2020. Aldana estaba presionada. Quizás por integrantes del grupo de explotadores. Quizás por problemas familiares. Quizás por no poder lidiar con el abuso que sufría desde hacía un tiempo. El 16 de marzo de 2019, Aldana salió de su casa en un Uber hacia Tres Cruces, donde iba a subirse a un ómnibus con destino a Punta del Este.

Las cámaras de la rambla y testigos la registraron ingresando al agua a la altura de la playa Trouville. Un testigo le gritó. “¿Qué hacés? Salí del agua”.

Aldana sacudió los brazos. Tal vez pidiendo ayuda. Tal vez el agua la arrastró. El testigo vio que la corriente la llevó hacia unas rocas. Luego llamó a la Prefectura. El móvil llegó enseguida. Los marineros buscaron a Aldana durante dos días. Nada.

Consultada por El País sobre el caso, la fiscal de Atlántida, Mirna Busich, respondió que después surgieron otras versiones. “Personas -citadas por ella a declarar en la próxima semana- desde un auto señalaron que la vieron en la rambla con un hombre que tenía una especie de ropa larga. El hombre no estaba frente a ella. Pero suponen que tiene algo que ver con ella”, dijo la fiscal.

“La adolescente se cayó al agua. No se sabe si se autoeliminó o si la tiraron en Montevideo. Eso está en investigación”, agregó Busich.

DENUNCIAS

Aldana estaba vinculada al grupo de cinco chicas explotadas sexualmente por 30 hombres ya identificados por la Fiscalía e investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol.

Once de esos adultos ya enfrentan el inicio del proceso penal decretado por la Justicia por un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos eróticos.

Tras ser encontrado el cuerpo de Aldana, la fiscal Busich decidió seguir el manual: pedir autopsia y citar a los testigos para establecer una línea de investigación sobre un suicidio u homicidio.

Con muchas dificultades, la fiscal citó a los testigos. Sin embargo, la llegada de la pandemia generada por el COVID-19 al país interrumpió la investigación. Los testigos no podían desplazarse en ómnibus hasta la Fiscalía de Atlántida ni esta repartición contaba con funcionarios para tomar declaraciones por las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno.

Como Viera ya investigaba los casos de explotación de menores, se entendió hace una semana que también debía indagar sobre la muerte de la adolescente. Viera contaba con ventajas en comparación con la Fiscalía de Atlántida: conocía los perfiles de víctimas y victimarios.

Busich dijo que en el sistema había una denuncia de que Aldana era víctima de violencia doméstica y luego más tarde se enteró por la prensa que también padecía de abusos sexuales. Y agregó: “La adolescente sufría de una vulnerabilidad muy grande. Creo que, con esa vulnerabilidad, este tipo de gente (los adultos) la agarró para lo que ahora ya sabemos. Estaba pasando por mucha presión esa chiquilina”.

PRUEBAS

La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, señaló ayer a la prensa que a su juicio hay pruebas suficientes como para imputar a los 11 investigados de haber incurrido en un delito de retribución o promesa de retribución a un menor para que ejecuten actos eróticos.

“El caso se sigue investigando”, dijo ayer la fiscal Viera en una rueda de prensa en la Fiscalía.

La fiscal negó que exista una red de explotación sexual de las menores. “La defensa hace su juego. La Fiscalía tiene las pruebas suficientes como para formalizar (el proceso penal).Todavía faltan revelar pruebas. De hecho la Justicia hizo lugar a la formalización”, advirtió Viera.

En tanto, los abogados defensores criticaron a la Fiscalía por haber acusado sin prueba alguna, a su juicio.

La Fiscalía y la Dirección de Crimen Organizado e Interpol llevaron adelante la “Operación Océano”. El miércoles 13, la Justicia decretó el inicio de la investigación penal para un exjuez de Menores, un diputado suplente del Partido Colorado, un abogado y docente universitario de Derecho, un arquitecto y un productor de eventos por un delito de retribución o promesa de retribución a un menor para que realizara actos sexuales o eróticos.

El miércoles 20, la Justicia también formalizó la investigación por el mismo delito para seis personas: cuatro empresarios, un economista y un fotógrafo.

Fuente y foto: El País.