El presidente de la Junta Departamental, Rodrigo Blas, hizo una evaluación de la gestión del gobierno departamental y estimó que es necesario que la Intendencia intervenga el Centro de Convenciones para hacerlo viable. En cuanto a la marcha de la administración dijo que es necesario acelerar los tiempos para que la gente sienta que tiene respuestas del poder político y aseveró que hay que cambiar para no rendirse ante la tozudez.
“Yo no le estoy diciendo a Antía que viene lento, yo le estoy diciendo que precisamos ir más rápido; se puede ver la declaración de Unión y Cambio desde el lado de la crítica pero yo lo veo desde el otro lado: queremos ir más rápido, precisamos ir más rápido y precisamos que entre el pienso y el hago haya menos tiempo”, declaró.
Agregó que “eso lo ato con el sistema de administración, no podemos tener una sola comisión de adjudicaciones tocando pito sobre desde quién nos vende los tomates, a quién nos hace las casetas, a quién nos hace una carretera”.
“Hay que reabrir a los técnicos y que haya comisiones de adjudicaciones específicas para que no se atolondren en la toma de decisiones; hay que mejorar la gestión siempre”, reclamó.
Como ejemplo, afirmó que no se puede buscar inversores de forma desesperada, dar prórroga a decretos de las exoneraciones, tener obras paradas y que los expedientes y que los expedientes de donde se presentan esas obras sigan teniendo la misma lentitud que antes.
“Tenemos una torre como la Torre Gaudí, que hace ocho meses, siete meses que está esperando la aprobación del plano definitivo; no puede esperar, no debe esperar, no nos conviene a nadie que espere”, sentenció.
Aclaró que “no es una crítica, es simplemente decir esto no camina, esto hay que apurarlo, esto hay que cambiarlo y mejorar la gestión porque observamos que no anda bien y en ese sentido de aportes constructivos está la grandeza de los gobiernos, no en la tozudez”.
INTERVENIR EL CENTRO DE CONVENCIONES
Rodrigo Blas admitió que el Centro de Convenciones está atado a un contrato “que no solo es leonino, sino que es impresentable”. Recordó que “la intendencia puso 40 millones de dólares, el terreno, va a seguir poniendo, y los que lo manejan miran para arriba, esperan a que llueva y cuando cae algo, o alguien trae algo, tienen un manejo exclusivo donde con sus tarifas terminan expulsando la posibilidad del uso del Centro de Convenciones”.
“Ese fue el contrato que firmó De los Santos; se firmó un contrato de socio bobo”. Asimismo deslizó la posibilidad de investigar el contrato y relató que, como presidente de la Junta solicitó un presupuesto para un congreso de las comisiones de medio ambiente y de los cinco presupuestos que recibió el más caro era el del Centro de Convenciones. Pedían, por ejemplo, “más de 1.000 dólares por el audio que en otro lado me cobraban 300 dólares; así no va a funcionar” sentenció.
Rechazó de plano la idea de “sentarse a mirar cómo se cae y no funciona” y fue más allá al reclamar que no sólo hay que estudiar el contrato sino que la Intendencia debe poner un interventor que se ocupe del funcionamiento del Centro de Convenciones.
RELACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL
Blas reveló que Antía volvió preocupado de la reunión que mantuvo este martes en la OPP, respecto a los anunciados fondos para solventar los gastos de los últimos temporales.
“Todavía tenemos la esperanza de que se reaccione y se cumpla con eso que se transmitió a toda la población”, dijo, en referencia a los 31 millones de pesos que aportaría el gobierno nacional a Maldonado.
Se preguntó “para qué hizo una conferencia de prensa la OPP diciendo lo que iba a mandar; el tema de la comunicación del gobierno, esa que se supone astuta y en realidad mienten es algo que la gente se ha dado cuenta hace tiempo”.
“Lo que sí está claro es que se arregló todo o se está terminando de arreglar y hasta ahora se hizo todo a costa de recursos departamentales que después van a faltar en alguna otra cosa”, reflexionó.
Sobre los recientes anuncios de aumentos de tarifas públicas consideró un “disparate” que se ajusten en función de las malas gestiones de las empresas del Estado y ejemplificó con el caso de UTE que compra energía a privados, por otro lado invirtió millones en los parques eólicos y, pese a esto y a la supuesta mejora de gestión, la tarifa sube permanentemente.