En el documento, el organismo señala que "está en el ánimo" de la UGD ofrecer este servicio pero aclara que, para realizar conexiones en un asentamiento ilegal, requiere la autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y de la Intendencia de Maldonado, propietaria de la tierra ocupada.
"No se puede esperar más a que surja una enfermedad debido a la falta de agua potable. Sin consolidar el lugar, asi como se les da la luz, cable y teléfono, el tema del agua es un derecho humano fundamental", sentenció el legislador, este lunes, en FM Gente.
Lea el texto de la exposición escrita remitida por el legislador a ambos organismos: