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Luego de varios meses de trabajo y negociación entre vecinos y propietarios, el intendente municipal Óscar de los Santos resolvió aplicar al caso un subsidio similar al empleado en los programas de viviendas municipales, explicó Salaberry. Pero antes detalló cómo fue el proceso de tasación y acuerdo sobre el precio de los terrenos.

“El gobierno (municipal) facilitó el diálogo y fue garante de un acuerdo, pero el acuerdo siempre estuvo entre vecinos y propietarios. No era nuestro tema establecer los precios, porque en definitiva lo iban a pagar los vecinos”, indicó.

Añadió que, inicialmente, “los propietarios estaban valorando los terrenos por encima de los U$S 14.000 y los vecinos ofrecían US$ 3.000. En un panorama donde también había inseguridades sobre la documentación que los propietarios tenían sobre sus terrenos, se fue allanando el camino”.

Si bien la negociación se había cerrado con una propuesta de US$ 7.500 para terrenos que la IMM había tasado en US$ 12. 000, “una nueva negociación global donde se pagan todos los terrenos juntos, hizo que bajara el precio. Luego los vecinos se reunieron en asamblea y firmaron el compromiso de pagar hasta US$ 6.000, que era el máximo esfuerzo que podían hacer porque son familias mayoritariamente de ingresos muy bajos”, precisó Salaberry.

Sobre esto, la IMM resolvió aplicar al caso una línea de subsidios “similar a la que aplica en toda su política de vivienda –cuando se cobra la vivienda no se les cobra el 100% de los recursos puestos sobre el territorio ni tampoco el 100% del terreno. Entrega US$ 1.500 dólares de subsidio para facilitar la resolución final”.

A este beneficio se acogerá un 90% de los vecinos. Éstos se comprometieron a abonar en un plazo de diez años los lotes que conforman el fraccionamiento irregular.

El acta de acuerdo entre la Intendencia Municipal de Maldonado, el apoderado del propietario y representantes de las familias ocupantes del asentamiento San Antonio V, se suscribió el 13 de mayo de este año.