Con unanimidad de sus siete miembros, el órgano de contralor observó el mecanismo de financiación con que la comuna pretende solventar el Centro de Convenciones de Punta del Este. Luego de algunas gestiones infructuosas de asesores legales de la Junta Departamental y la Intendencia, el sector de Federico Casaretto (Renovación) propondrá a Óscar de los Santos un encuentro multipartidario con el tribunal para buscar caminos alternativos.
En la agenda del encuentro con el jefe comunal -que se realizará el 4 de julio- hay varios temas, explicó Casaretto. El más importante, porque debe resolverse a corto plazo, es la observación al fideicomiso que permitirá financiar el Centro de Convenciones.
Esta iniciativa es compartida por el grupo Renovación , que la asumió como una política de Estado. “Acompañamos con nuestro voto el fideicomiso (de tierras). Pero ahora viene el informe del Tribunal de Cuentas (TCR) diciendo que este camino es ilegal. Por lo tanto, nosotros no vamos a acompoañar un camino que está administrativamente cuestionado”, adelantó Casaretto.
La solución propuesta por el sector nacionalista es promover una audiencia donde participe una delegación de ediles de los tres partidos políticos para “pedir explicaciones” sobre los fundamentos técnicos por los cuales se entiende que ese camino es incorrecto. “Y que nos den alternativas que puedan ser viables a la hora de la legalidad”, agregó el edil.
Recordó, además, que el proceso de debate sobre el fideicomiso llevó “muchísimo tiempo de discusión y cuando llegó el momento de tratarlo en la Junta Departamental la mayoría del plenario acompañó esta figura.
“Pero ahora nos encontramos con que el Tribunal de Cuentas, por unanimidad, dicen que este camino es ilegal. Que la Intendencia no puede contratar de esta forma. Entonces no se nos puede pedir que acompañemos un camino que el Tribunal de Cuentas cuestiona. Ahora, eso no quiere decir que estemos en contra del Centro de Convenciones”, puntualizó el edil.
Otros tema que el sector aspira a plantearle a De los Santos, es la reconsideración, en materia de seguridad, de la guardia municipal, comprometida tiempo atrás pero sin concreción hasta el momento.
También el Impuesto de Pimaria. “Maldonado como gobierno, con votos de todos los partidos, presentó en 2002 un recurso de inconstitucionalidad. Un impuesto que sigue marcando los bolsillos de los maldonadenses”, afirmó Casaretto.
Los accidentes de tránsito son otro punto que Renovación quiere conversar con el intendente. “Nosotros entendemos que hay medidas que la Intendencia puede tomar y deben ser a corto plazo porque se nos está yendo una generación entera de jóvenes por falta de controles, fundamentalmente, en las motos que hoy causan cuatro de cinco accidentes en Maldonado”, agregó.