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Óscar de Los Santos analizó la situación de Punta Ballena durante una entrevista en La Contratapa de La Revista de FM GENTE, destacó la herencia del lugar y la controversia en torno a su propiedad.

De Los Santos explicó que Punta Ballena "es un predio privado, herencia de Lussich que se lo dejó a sus hijas". A partir de la gestión del Partido Colorado antes de la dictadura, comenzó un proceso de expropiación que fue continuado por el régimen militar, aunque el estado no cumplió con el depósito del 10% ante el Poder Judicial, lo que es necesario para que la expropiación proceda.

"La abogada Bethel Rodríguez fue una firme defensora de que ese predio era público", recordó De Los Santos, señalando que la defensa del bien público se remonta incluso antes de la dictadura.
Sin embargo, en el año 2000, la Suprema Corte de Justicia determinó que Punta Ballena era privada en "10 hectáreas y medias" y que "una hectárea y media es de la Intendencia".

El exintendente recordó que "en el año 2000 se le entregó a Antía el fallo de la justicia", lo que llevó a que los propietarios comenzaran a alambrar los terrenos. "La gente iba a pescar y no podía entrar, eso nos pasó cuando llegamos al gobierno en el 2005", señaló, y agregó que por esa razón llegaron a un acuerdo con los titulares del terreno.

En 2015, cuando Antía asumió como intendente, "el Partido Nacional resolvió enviar el expediente a la Intendencia para que el nuevo gobierno decidiera qué hacer". "Con informe de la Dirección Jurídica, de la Dirección de Planeamiento, mantienen ese informe y ese acuerdo. Lo firma Antía y lo firma el diputado (Diego) Echeverría, que en ese entonces era secretario General".

"Ese informe lo envía a la Junta Departamental y se aprueba casi por unanimidad. El Partido Nacional tenía la mayoría en la Junta si lo quería impedir. Es más, hay un artículo que establece que quien tenga el 10 % de la propiedad, la Intendencia lo tenía, podía hacer caer el acuerdo y se volvía foja cero", apuntó.

De Los Santos enfatizó que "lo más importante es saber qué vamos a hacer con Punta Ballena" y asumió su responsabilidad, señalando que "tenía la principal responsabilidad" en la gestión. Afirmó que "la movilización popular que hubo fue muy importante para la decisión del Ministerio de Ambiente".

El exintendente también mencionó una ley aprobada en 2017, que regula los acantilados y el retiro de la franja costera, sugiriendo que podría ser un camino para abordar la situación, aunque admitió que "no sé si será suficiente".

Finalmente, concluyó que "todos nos hicimos la idea de que era público, pero es privado", y que esta realidad fue definida por el Poder Judicial.