En la noche de este miércoles la justicia determinó el procesamiento con prisión de Leonardo González y Claudia Retamar por la comisión de un delito de estafa agravada en concurso fuera de la reiteración con un delito de uso de certificado público o privado falso. Esto, sumado al procesamiento sin prisión de otras dos personas, hacen que sumen ya siete los dispuestos por la justicia de la ciudad de San Carlos con respecto a la maniobra con el Banco República, cuyo monto alcanzaría varios miles de dólares. (actualizado)
La justicia también dispuso el embargo de derechos y obligaciones de bienes y cuentas bancarias sobre los procesados el martes, J.T. (funcionario BROU), V.P. y Martín Pérez (poseedor de antecedentes), oficiándose a los registros correspondientes a los efectos de determinar la existencia de bienes de propiedad de los mismos así como la fecha de adquisición.
A su vez al funcionario del banco procesado se le amplía la imputación en calidad de autor de un delito de conjunción del interés público privado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa especialmente agravada en calidad de cómplice, imponiéndosele como medida sustitutiva su concurrencia a la seccional próxima a su domicilio por el término de 90 días, dos veces por semana, debiendo estar en dicho local dos horas por cada vez.
También se pudo conocer que se libró requisitoria nacional e internacional para una mujer llamada Laura, que no es funcionaria del banco, pero que estaría involucrada en los hechos denunciados.
La denuncia original que dio inicio a las investigaciones se radicó en octubre del año pasado luego de detectar una irregularidad en el retiro de una suma de dinero a nombre de una cooperativa.
El hecho fue denunciado entonces por las propias autoridades del BROU e involucró a un funcionario de la institución como sospechoso así como a particulares que se habrían repartido el dinero que retiraron de forma irregular.
En la jornada del martes se cumplió la instancia judicial ya que al iniciarse las actuaciones el año pasado, la defensa de los indagados y detenidos -varios del departamento de Canelones- había presentado un recurso de inconstitucionalidad que suspendió las acciones en aquel momento.
En los últimos días el recurso fue desestimado lo que permitió la continuación de las actuaciones judiciales que arrojaron sus primeros resultados tras una extensa indagatoria.
El juzgado continuó trabajando en la jornada de este miércoles y resolvió el procesamiento sin prisión de G.I.G. y E.M.G. por la presunta comisión de un delito de estafa agravada en calidad de cómplice con medida sustitutiva de presentarse en la dependencia policial más cerca de su domicilio por 60 días dos veces a la semana.