La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (CONASIP) elevará este jueves a la Federación Nacional de Sindicatos Policiales (FENASIP) el planteo de remoción del Jefe de Policía de Maldonado, Eduardo Martínez, para trasladarlo después al Ministerio del Interior. El secretario general de la CONASIP, Julio Pereira, informó a FM Gente que este miércoles presentó dos denuncias contra el jerarca ante el Ministerio de Trabajo.
Pereira señaló que la federación que reúne a las gremiales policiales seguramente adoptará este planteo y en los próximos días trasladará la solicitud de remoción al Ministerio del Interior.
Al ser consultado sobre el tema, Pereira respondió que la solicitud de remoción no surge específicamente por el conflicto sobre las licencias sindicales sino que implica desavenencias que se arrastran de tiempo atrás entre el sindicato y el jerarca. Pereira adujo también cuestionamientos de la CONASIP al desempeño de Martínez en las tareas de combate al delito.
“No ha dado respuesta a las necesidades de la población. La mayoría de los casos de homicidio están sin resolver y otros temas de seguridad que sigue cuestionada. Además del maltrato a algunos por policías de parte del jefe”, indicó Pereira.
Este miércoles, asimismo, Pereira presentó ante el Ministerio de Trabajo dos denuncias contra el jerarca: una por la violación de la Ley de Fueros Sindicales y otra por incumplimiento en las condiciones de trabajo en la sub comisaría de San Rafael.
Pereira considera que Martínez, “coartó la libertad de fueros sindicales” al disponer que no se otorguen las licencias sindicales autorizadas por el Ministerio del Interior. “Aquí violó las normas vigentes en cuanto a la libertad sindical”, indicó.
En ese sentido, Pereira resolvió este miércoles presentar dos denuncias, a título personal, ante el Ministerio de Trabajo. Una por “violar las normas vigentes en cuanto a la libertas sindical” y otra por falta de vestuario y ventilación en la sub comisaría de San Rafael.
Pereira informó también que este miércoles la CONASIP a nivel nacional decretó el conflicto por falta de pagos en el servicio 222 y por las condiciones de trabajo en las cárceles, lo que puede provocar, a fines de este mes, movilizaciones en rutas nacionales.