La injerencia del Ministerio del Interior, los aportes jubilatorios al BPS y el acceso al sistema de salud integral, son algunas de las problemáticas planteadas.
Karina Núñez integrante de la organización de trabajadoras sexuales O.Tra.S dialogó con FM GENTE sobre la Ley Nº 17.515 del año 2002, la cual reglamenta el ejercicio de la prostitución en Uruguay dándole el carácter de trabajo sexual.
Desde la organización se reclama que se quite al trabajo sexual de la órbita del Ministerio del Interior, ya que actualmente dicho ministerio cuenta con la potestad de regular el ejercicio del mismo.
“Si no cometí ningún delito no tienen por qué tener acceso a mi base de datos personales y rastrearme como que fuera una delincuente”, aseguró Núñez.
Por otra parte, los aportes jubilatorios al Banco de Previsión Social (BPS), es otro de los ítems que preocupa a la organización, ya que actualmente no cuentan con caratula propia para poder aportar a dicho organismo.
“Tenemos que esperar a los 70 años para poder percibir una pensión a la vejez”, subrayó Núñez.
En cuanto al sistema de salud exigen que sea integral; y que el carné de salud sea el mismo que se les pide a los trabajadores en general y no uno específico para el trabajo sexual como ocurre actualmente.
“Tenemos un carné específico donde solo te sacan sangre para saber si tenés VIH; pero somos mucho más que eso y la salud tiene que ser integral”.
Núñez aseguró que el reclamo no está relacionado a lo político partidario, pero que sin embargo el Estado “nos violenta e invisibiliza” ya que “contribuye a que los traficantes de personas sean dueños de los locales donde nos obligan a trabajar”.
“Esta es una ley para que la gente no nos vea paradas, no para proteger nuestros derechos”.